Lula, de 72 años, fue
condenado por un tribunal de apelación a 12 años y un mes de cárcel por recibir
un apartamento de lujo de una constructora involucrada en el escándalo de
sobornos de Petrobras; pero presentó un recurso ante
el Supremo
Tribunal Federal (STF) para evitar su encarcelamiento
antes de agotar todas las instancias judiciales.
Ese pedido (habeas corpus)
será juzgado a partir de las 14:00 horas locales (17:00 horas GMT). Si es
aceptado, podrá seguir en precampaña y apostar a un largo proceso en los
tribunales superiores. De lo contrario, podría ser arrestado en breve.
El debate sobre la
jurisprudencia que permite encarcelar a condenados en segundo grado desató los
profundos antagonismos políticos de Brasil, cuando faltan
seis meses para unos comicios que se anuncian como los más inciertos desde la
restauración de la democracia 33 años atrás.
El martes por la noche,
decenas de miles de personas desfilaron en Sao Paulo al grito
de "Lula nunca más" y de aclamaciones al juez Sergio Moro, gran artífice la
investigación Lava Jato, que condenó a Lula en primera instancia.
El que fue el presidente más
popular de la historia reciente de Brasil (2003-2010)
se declara inocente en este proceso y en los otros seis que enfrenta por
delitos como tráfico de influencia y obstrucción a la justicia, y los atribuye
a una conspiración para evitar que regrese al poder.
"Es un juicio muy
politizado. Más allá de la importancia de la autorización de la ejecución
provisoria de la pena, está en juego un caso que envuelve a un expresidente,
que también es presidenciable y que está muy bien posicionado en los sondeos de
intención de voto", dijo a la AFP el experto en derecho penal y
criminología Jovacy Peter Filho.
"Es, probablemente, un
caso único en el mundo", añadió.
La polarización dejó paso a
la violencia a fines de marzo, cuando una caravana proselitista del líder de la
izquierda fue atacada con armas de fuego en el sur del país.
El clima enrarecido llevó a
la presidenta
de la corte suprema, Cármen Lúcia, a hacer
un inusual llamado a la paz social.
Las calles de acceso a la
corte en Brasilia estarán cerradas y la
policía montará un vallado para separar a los activistas que se congregarán
para seguir el juicio en los alrededores del edificio.
"Momento
histórico"
Se espera
que el exmandatario siga el proceso desde el Sindicato de Metalúrgicos
de Sao Paulo, cuna de su ascenso político que lo llevó desde la militancia
sindical hasta la jefatura de Estado.
"Es un
momento histórico para el poder judicial brasileño", dijo a la AFP Anderson
Furlan, juez federal en el estado Paraná (sur) y amigo del juez Moro.
"El STF
se vuelve a abocar sobre el tema [de la prisión tras la segunda instancia] y
tal vez cambie su interpretación. Muchos entienden que ese cambio en la orientación
puede ser mala para el combate a la corrupción", agregó.
El jefe de
los fiscales de Lava Jato en Curitiba (sur), Deltan
Dallagnol, que había acusado a Lula de ser el "comandante
máximo" de la red de corrupción en Petrobras, prometió para
esta jornada permanecer en ayuno y oración.
La Central
Única de Trabajadores (CUT) reiteró su convicción de que "no hay
ninguna prueba para sustentar las acusaciones basadas en convicciones del juez
Moro y otros sectores del poder judicial que adoptaron una postura partidaria
durante todo el proceso".
Bajo
presión
Los 11
jueces del STF están bajo una enorme presión, que incluyó petitorios a favor y
en contra de la jurisprudencia actual, firmados por miles de abogados, jueces y
fiscales.
Las
opiniones se hicieron oír incluso desde la cúpula de las fuerzas armadas.
En un
mensaje vía Twitter, el comandante del Ejército, el general Eduardo
Villas Boas, aseguró el martes por la noche "compartir el ansia de
todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto de
la Constitución, la paz social y la democracia".
El tribunal
está dividido entre los "garantistas", a favor de una amplia lectura
de la presunción de inocencia, y los defensores de la Lava Jato,
vistos como más severos y partidarios del uso de la prisión preventiva y del
cumplimiento anticipado de las penas.
La última
discusión de este tema terminó con un ajustado 6 a 5 en favor de la
jurisprudencia vigente.
Si bien el
habeas corpus solicitado por Lula solo alcanza a su caso específico, el
resultado de la votación podría indicar a los tribunales inferiores un cambio
en la interpretación constitucional y para muchos juristas abriría la puerta a
masivos reclamos de detenidos por crímenes comunes, como violación u homicidio,
algo que es rechazado por la defensa de Lula.
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