No quiero
dejar de abordar una de las leyes más perniciosas que haya aprobado el Congreso
peruano desde la recuperación de la democracia. Me refiero a la ley
Mulder o ley mordaza (Vizcarra dixit), que prohíbe la publicidad
estatal en medios privados. Como ya se ha escrito bastante al respecto, quiero
referirme únicamente a dos argumentos que algunos políticos interesados y otras
personas bienintencionadas –pero quizá ingenuas– han esbozado para defender la
norma o atenuar su nocividad.
Están
intrínsecamente relacionados y rezan más o menos así: “El Estado no tiene por qué financiar a las empresas
periodísticas privadas” y “La ley no afecta la libertad de expresión o de
prensa”. Para ponerlo en términos de la habitual cordialidad tuitera: “Suelten
la mamadera, periodistas mermeleros”.
El Estado
tampoco tiene por qué financiar a las compañías farmacéuticas, pero igual les
compra millones en medicamentos e instrumentos quirúrgicos para atender en
hospitales y postas. De hecho, el Estado es el principal comprador de medicinas
del país. Ni qué decir de servicios como telefonía, Internet o seguridad
privada. Ninguna empresa privada tiene tantas oficinas y demanda tanto volumen
de estos servicios como el Estado Peruano. Siguiendo la lógica parlamentaria,
también podríamos ahorrarnos esas mamaderas. Y ya puestos a economizar,
podríamos también pedir a los congresistas que trabajen con un solo asesor y
una secretaria (Guido Lombardi dixit). O, mejor aun, que trabajen solos y
renuncien a su sueldo.
Desde esa
perspectiva maniquea, todos viven de la mamadera estatal. Desde medios
periodísticos hasta congresistas, pasando por laboratorios y empresas
telefónicas. La verdad, sin embargo, es que a ninguna de estas empresas o
personas se les regala la plata. Se las contrata por un servicio que el Estado
necesita. El Estado tiene que comunicar como también tiene que proveer
medicinas y producir leyes. Y en el primer caso, le paga (por publicidad) a
quien puede comunicar de forma más efectiva, a los medios de comunicación
privados, inmensamente superiores en alcance e impacto a los medios estatales.
Una cosa es mejorar y controlar la inversión en publicidad estatal y otra muy
distinta es prohibirla del todo.
Y así
pasamos al segundo punto. ¿Por qué esto afecta
la libertad de
prensa? Porque
golpea económicamente a los medios de comunicación. Como golpearía a una
empresa de seguridad si, de repente, perdiera a uno de sus principales
clientes. Esos ingresos mermados podrían significar la reducción de personal,
una menor cobertura periodística, o un bajón en la calidad. Algo que conviene
solo a los enemigos de la prensa independiente. Y por si quedaban dudas de que
ese fuera el objetivo perseguido por los congresistas que impulsaron la ley
Mulder, el presidente del Congreso, Luis
Galarreta, las disipó con sus frases amenazantes de hace unas semanas.
Un régimen
autoritario puede censurar directamente a los medios de prensa, o
indirectamente tomando represalias y afectando sus costos o ingresos. No se
trata, pues, de mamadera, sino más bien de un peligroso berrinche.
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