Al
margen de los proyectos que se acomodaron a un gran postor y con adendas a la
medida de sus ambiciones, está el deber del país para señalar una y mil veces a
los grandes responsables que permitieron el saqueo de nuestros recursos hacia
los bolsillos de los constructores de la así denominada “carretera
interoceánica”.
Esos
responsables son los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, en mayor
medida de los que le sucedieron en el poder, pues entonces ellos actuaron bajo
el pretexto de desarrollar al país, y esto no era del todo veraz porque ni
siquiera se iba a desarrollar a los distantes caseríos ubicados a la vera del
kilometraje que conforma esa vía transversal de la sierra y selva que se
adentra a Brasil.
Sencillamente
estamos ante un gran ‘faenón’ y la
Contraloría General de la República no termina hasta ahora de descubrir más
perjuicios económicos para el país, perpetrados en el momento de la ejecución
del proyecto, y esta vez por alrededor de US$ 37 millones en obras del Tramo 4
de la Interoceánica Sur, comprendido entre las localidades de Inambari y Azángaro, en la región Puno.
El
nombre cuestionado que hoy salta con más fuerza a conocimiento público, frente
a las pesquisas realizadas, es el del exministro de Transportes José Ortiz y el
de otros 31 funcionarios que ejercieron sus cargos durante los gobiernos de
García y Toledo.
A
partir del trabajo de la Contraloría, son varios los empleados públicos del MTC
y del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de
Uso Público (Ositran) que están en una situación de sospecha, y nuevamente todo
esto debería ser motivo de reflexión acerca de la cualificación técnica, y
sobre todo moral, de quienes son contratados por el Estado.
Sin
darle más vueltas a este tipo de casos bochornosos, sin anestesia como se dice
comúnmente, la pregunta es clara:
¿Quién es el responsable de la contratación
de funcionarios en el MTC y en el Ositran para generar el desmadre interoceánico?
Son las más altas autoridades que dirigían
dichas entidades y las que estaban más arriba incluso, digitando el perfil de
burócratas que se necesitaba para facilitarle la coima a las constructoras, y
esos culpables son los gobernantes de la administración toledista y del segundo
gobierno aprista.
Todos
sabemos que cuando una persona adquiere un bien o un servicio malo en un
establecimiento pues reclama con derecho al vendedor de la tienda o al dueño de
la misma. Entonces,
¿A
quién reclamar cuando se encuentran más faenones en la carretera interoceánica?
Debemos hacerlo a esos gobiernos vergonzantes
que hemos aludido y que tanto daño le han causado a la nación.
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