“Que no lleguen más bandas delincuenciales a las
instituciones del Estado”.
(ElComercio) ‘El Uno’, así llamaban al alcalde de La
Victoria. Era el número uno de una banda delincuencial que había ingresado
a la Municipalidad de La Victoria.
Esta organización
criminal se dedicaba al cobro de cupos a los ambulantes y a los choferes de
camiones del Mercado de Frutas. Obtenían 25 millones de soles al año solo con
este delito.
Hay cuatro
homicidios vinculados a esta mafia. Habría asesinado por encargo a tres
sujetos, y matado a la hija de 2 años de uno de ellos. Es probable que se
tratara de una lucha entre mafias de cupos.
De hecho,
uno de los asesinatos se atribuye al ‘financista’ del alcalde-delincuente,
Alexander Peña Quispe, no habido.
El caso
de La Victoria no es el único. Solo en Lima hay otros seis
alcaldes con similar perfil. No hablamos solo de sobornos, sino,
principalmente, de maquinarias establecidas para la comisión de delitos como
usurpación agravada, sicariato, extorsión, robo, fraude, lavado de activos,
entre otros.
No es
gente que cayó en la tentación de la corrupción. Se trata de delincuentes que
planearon entrar a un partido político, ganar unas elecciones y tomar los
respectivos gobiernos locales para delinquir a través de las instituciones.
Escandaliza,
pero no sorprende. Varios presidentes son investigados por soborno y extorsión.
¿Cabe duda, en este momento, por ejemplo, de
que Alejando Toledo se
haya disfrazado de demócrata para simplemente delinquir desde el primer día?/+-
La
delincuencia se ha instalado en nuestras instituciones. Se instaló en el Poder
Judicial, en el Ministerio Público y en el Consejo
Nacional de la Magistratura. Desde este último colocaba a sus ‘amigos’ en
el PJ y el MP.
En un
audio, el ex juez superior Walter Ríos trata de contactar al
alcalde-delincuente de La Victoria. Estaba por tejerse, en ese caso, otra red
criminal de intercambio de favores.
El caso
de La Victoria no es único y no es reciente. Revela, ante
todo, la quiebra del sistema de elección de autoridades. Revela, además, el
desentendimiento de estos problemas por las autoridades políticas, de sucesivos
congresos y gobiernos nacionales.
Los que
son elegidos parecen no interesarse en resolver el problema de las
instituciones. En muchos casos entran para aprovecharse del cargo; en el mejor
de ellos, para solo administrar lo que se les pone por delante.
Desde que
se conoció el asesinato por linchamiento del alcalde de Ilave, en el 2004, no
se ha hecho nada. No sorprende que en el 2017 murieran asesinados el ex alcalde
de Arapa (Azángaro), Puno, y el ex alcalde de San Román, Puno, dentro del penal
de Yanamayo, nada menos.
No
olvidamos el asesinato del alcalde de Casma, en el 2012; del alcalde de
Samanco, en el 2015; y del alcalde de Yaután, en el 2016, para hablar de
Áncash. Son, todos, asesinatos vinculados a mafias de corrupción.
Estos
asesinatos son la punta de iceberg de la corrupción municipal. ¿Ha habido algún político que haya dicho que esto no puede
continuar? ¿Algún grupo político ha levantado la bandera de la reforma
institucional?
¿Cuántas reformas se han debatido en el Congreso en relación a esta
evidencia de quiebre del sistema de elección y administración municipal?
¿Alguien dijo que esto debe motivar un cambio en la ley electoral, la ley de
partidos o en la ley de municipalidades?
No hay
propuestas porque no hay interés en resolver o no hay entendimiento del
problema o no hay idea de qué hacer.
Los
alcaldes-delincuentes se aprovechan del sistema electoral y municipal. Las
bandas se fijan el propósito ya no solo de corromper a los funcionarios, sino
de convertirse, ellos mismos, en autoridades.
Se
requiere una reforma de las instituciones electorales, partidarias,
municipales, penales e incluso constitucionales para cerrar el paso a estas
bandas. Necesitamos reforzar los sistemas de vigilancia ciudadana, de denuncia
pública y de publicidad de la vida partidaria.
Que no
lleguen más bandas delincuenciales a las instituciones del Estado. La clave, en
todos los casos, es la transparencia de los actos de gobierno; pero también, y
sobre todo, la vigilancia ciudadana.
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