(LaRepublica) Rocío Sánchez presenta cargos contra 13
integrantes de la red criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Describe las funciones que cada uno cumplía dentro de la
organización, para nombrar jueces y fiscales, direccionar el resultado de los
juicios y recibir los pagos, bajo la cubierta de la Corte.
“Necesitamos tiempo y que los involucrados estén a buen recaudo
para poder descubrir todos los delitos cometidos por esta red criminal que tomó
por asalto la Corte Superior del Callao”,
expresó ayer la fiscal contra el crimen organizado del Callao, Rocío
Sánchez Saavedra.
Por ese motivo, Sánchez
solicitó al juez Manuel Chuyo Zavaleta imponer 36 meses de prisión preventiva a
tres empresarios y 10 funcionarios judiciales y abogados.
Hay más casos
La fiscal explicó que por
ahora solo se han podido identificar algunos casos, una mínima parte de los
hechos ilícitos, como tráfico de influencias y cohechos, que han puesto en
evidencia las indagaciones y escuchas telefónicas legales.
Enfatizó que la organización criminal “Los Cuellos
Blancos del Puerto” operaba en tres redes o niveles. La primera red operaba al
interior del Poder
Judicial y el Ministerio Público, nombrando a jueces, fiscales y
funcionarios administrativos amigos en puestos claves para solucionar los
procesos judiciales de sus amigos.
Esta primera red tenía como “hombre clave” al exjuez
superior Walter Ríos
Montalvo, expresidente de la Corte Superior del Callao,
quien ya se encuentra cumpliendo prisión preventiva.
La fiscal Sánchez precisó que los magistrados integrantes de
esta red están en proceso de identificación y serán investigados por los
órganos de control del Poder Judicial y
la fiscalía, en un proceso independiente.
La red externa estaba
compuesta por abogados y empresarios que a través de la red obtenían solución a
sus procesos judiciales o de terceras personas.
Una red de altos funcionarios, conformada por magistrados de
la Corte
Suprema y algunos integrantes del Consejo
Nacional de la Magistratura, que se contactaban con Ríos
Montalvo a través de los empresarios y operadores políticos: José Luis Cavassa
Roncalla, Mario Mendoza y Antonio Camayo.
Los trece
De los 12 detenidos presentes
en la audiencia judicial, que dirigió el juez Chuyo Zavaleta, ocho pertenecen a
la red externa, uno de ellos prófugo, y cinco a la red interna.
A la red externa pertenecen Antonio Camayo Valverde,
José Luis Cavassa Roncalla, Mario Mendoza Díaz, Jacinto Salinas Bedón, Juan
Antonio Eguez Beltrán, Víctor León Montenegro, Fernando Seminario Arteta y el
prófugo Marcelino Meneses Huayra.
En tanto, que de la red interna
están detenidos Gianfranco Paredes Sánchez, Nelson Reynaldo Aparicio Beizaga,
Carlos Parra Pineda y del chófer Jhon Misha Mansilla.
Empresarios
Al empresario Antonio Camayo Valverde se
le atribuye que en su condición de empresario utilizaba su poder económico para
organizar y costear reuniones en restaurantes exclusivos de Lima para
magistrados afines a la red, para conseguir resoluciones judiciales en su
beneficio o de otros.
Mario Mendoza Díaz, otro empresario que utilizaba su poder
económico para organizar reuniones públicas y privadas y ser nexo con miembros
del CNM para
mejorar la posición de los magistrados afines a la red.
José Luis Cavassa Roncalla, conocido como
“Pepe Lucho”, formaba parte de la red de altos funcionarios públicos. En su
condición de operador político, explicó la fiscal, utilizó su influencia
con Walter Ríos y miembros del CNM, para gestionar favores
políticos.
También se le atribuye
facilitar el nombramiento de jueces y fiscales, para que la red pueda seguir
operando y pueda obtener beneficios judiciales, a favor de terceros
interesados.
Jacinto Salinas Bedón tenía como función encargarse de buscar y
contactar a investigados y procesados en la Corte
de Justicia del Callao para ofrecerles la solución de sus
casos, direccionando los casos a jueces amigos de la red, a cambio de pago de
dinero y otros beneficios.
A Juan Eguez Beltrán, se le
atribuye ser otro tramitador de la red y contacto entre procesados y litigantes
con los jueces amigos. Se ha identificado su participación en la solución de un
caso, a cambio de lo cual retribuyó a Walter Ríos con compra de pollos para el
aniversario de la Corte.
El exjuez Víctor León Montenegro, conocido como el “Kiri”,
ofreció almuerzos a Walter Ríos para
designar a jueces supernumerarios amigos y controlar su decisión, en asuntos de
su conocimiento.
Funcionarios
Gianfranco Paredes Sánchez se encargaba de coordinar y ejecutar
las órdenes de Walter Ríos,
entre ellas intermediar con los amigos a fines a la red para que sean
designados como jueces supernumerarios.
También coordinaba entre los
litigantes y magistrados el direccionamiento de los casos y favorecerlos a
cambio de beneficios económicos.
Nelson Aparicio Beizaga,
asesor del presidente de la Corte del Callao, se encargaba de elaborar
documentos que Ríos intercambiaba con los integrantes de la red externa.
Aparicio participa en la suscripción del convenio entre la Corte y Telesup, que
solicitó el consejero Iván Noguera.
Al administrador de la Corte
Superior del Callao, Carlos Parra Pineda, se le atribuye proveer logísticamente
a la red criminal y beneficiar con la contratación del servicio de terceros.
La fiscal precisó que Parra, como administrador de los fondos de
la Corte, destinó dinero a Gianfranco Paredes y
a otros servidores de la red mediante vales u órdenes de servicio.
Además, haber realizado pagos al suboficial de la policía Luis Rengifo
Pachas, quien venía investigando la desparición de bienes de la Corte
Superior del Callao en Chucuito, para que emita un
informe a favor de Ríos Montalvo.
El chofer Jhon Misha Mansilla
se encargaba de recaudar el dinero proveniente de los beneficios o abogados de
la red de corrupción, entregando posteriormente lo recaudado al hombre clave de
la organización.
Investigación comenzó con los teléfonos de dos abogados
- La investigación a la red “Los Cuellos
Blancos del puerto” comenzó con la interceptación de los teléfonos de los abogados
Jacinto Salinas Bedón y Víctor Maximiliano León Montenegro, coordinando la
solución de procesos judiciales a peligrosos delincuentes, explicó en la
audiencia pública la fiscal Rocío Sánchez Saavedra.
A partir de allí, precisó la fiscal, se empezó a ingresar a los
servidores de Constelaciones números telefónicos de personas a las que solo se
les identificaba con alías y nombres en diminutivo. Esto permitió conocer la
existencia de una red de corrupción en el sistema judicial con ramificaciones en la Corte Suprema,
el Consejo Nacional de la Magistratura.
En la
audiencia, la fiscalía leyó la transcripción de algunos audios de
interceptación telefónica. En uno de los audios leídos, entre Gianfranco
Paredes y el administrador Nelson Aparicio, ambos coordinan retirar dinero de
la Corte para su propio interés, vía vales que hacían firmar a trabajadores del
Poder Judicial.
También se habla de contratar
a la hija de un asesor del presidente del Poder Judicial, a
cambio de que los ayude en la asignación de vehículos para la Corte del Callao.
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