- COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO RECOMENDÓ AL PLENO APROBAR PROYECTO DEL PARLAMENTARIO JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN, QUE MODIFICA ARTÍCULOS CENTRALES DE LA LEY 30220.
La vida de la Ley
Universitaria (Ley 30220)
ha llegado a un momento, a temprana edad, en el que requiere algo más que la
defensa y publicidad de sus aciertos y logros. El Ministerio de Educación
(Minedu), el principal promotor de esta norma, es más que consciente de que
existen sectores políticos, civiles y estudiantiles que tienen críticas y
justificaciones a las mismas.
Puede interpretarse que evidencia
de ello es la reunión que el Minedu organizó para este 4 de noviembre en la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Docentes, rectores y estudiantes,
junto a representantes del Consejo Nacional de Educación, discutirán sobre las
mejoras que la ley necesita. El ministerio, de acuerdo a un comunicado de prensa,
quiere que el evento se replique en las regiones.
Prueba de que la norma promulgada el 8 de julio de 2014 ha
estimulado algunas insatisfacciones -o que ha generado nuevas demandas- es la
información que compartió el diario Gestión días atrás. Hay pues seis
iniciativas para modificar la Ley Universitaria. Éstas se debatirán la próxima
semana.
De esas seis, la propuesta que mayor alarma ha generado y a la que
acusan de querer desvirtuar los lineamientos centrales de la Ley Universitaria,
es el proyecto de ley del congresista aprista Javier Velásquez Quesquén (proyecto 469-2016). Este proyecto que modificaría
nueve artículos de
la Ley 30220 tiene un principio rector detrás -en todo caso, su
interpretación-: la autonomía universitaria es lo que debe prevalecer.
La Ley Universitaria, uno de los ejes de la reforma de la
educación superior, promovida por la gestión de Ollanta
Humala de la mano
de la exministra Patricia Salas y del hasta ahora ministro Jaime
Saavedra, ha enfrentado una serie de ataques, hasta hoy: un
pedido ante el Tribunal Constitucional para declarar su inconstitucionalidad,
proyectos para extender el mandato de rectores cesados por las disposiciones de
la 30220, la resistencia en los cargos de los conocidos rectores 'rebeldes',
etc.
El jueves la Comisión de Educación
del Congreso emitió un dictamen en el que recomienda al Pleno del parlamento
aprobar el proyecto del congresista aprista, lo que dejaría "sin efecto
todas las normas aprobadas por la Sunedu o el Ministerio de Educación y todos
los procedimientos en trámite".
Recordemos que el presidente de dicha comisión, el congresista por Fuerza
Popular, Lucio Ávila, ha sido un opositor a la Ley Universitaria, y
cuando ha tenido la oportunidad de comentarlo, ha dicho que la norma requiere
mejoras. Esta vez solo ha requerido recibir la propuesta de un aliado y en
menos de dos meses darle el visto y bueno.
Vemos pues las
limitaciones en los intentos tardíos del Minedu de canalizar el descontento de
distintos sectores con la Ley 30220. La falta de operadores políticos en el
nuevo Parlamento, además de la insoslayable mayoría fuerzapopulista en el
parlamento, terminarán por concretar aquello contra lo que muchos lucharon.
Pese a ello, veremos
cuál será la reacción del enorme sector estudiantil y de todos los grupos de la
sociedad civil que estuvieron desde el principio, con argumentos, a favor
la Ley 30220.
Un proyecto menos democrático
Como ya lo ha expuesto el director del Instituto de Estudios Peruanos
(IEP) Ricardo Cuenca, el proyecto 469-2016 significa un retroceso
en la reforma de la educación superior universitaria y la construcción de
condiciones básicas para la calidad de las universidades públicas y privadas.
En su artículo "Proponer para retroceder", Cuenca explica que,
aparte de la débil exposición de motivos de la iniciativa, el proyecto
"desaparece" al Ministerio de Educación de la reforma, elimina el
concurso público para la conformación del consejo directivo de Sunedu (adiós
meritocracia) y desbarata el licenciamiento para la oferta universitaria
existente -lo que aseguraba la regulación de los estándares mínimos de
calidad-.
Por su parte, el exrector de la UNMSM y vicerrector de la UARM, Manuel
Burga, criticó también parte de la exposición de motivos del proyecto de
ley, por el cual se sostiene que la autonomía viene de los inicios de la
creación de las universidades en Occidente.
En conversación con LaMula.pe, Burga sostiene que el concepto
de autonomía, tal como lo conocemos, empezó con la reforma de Córdoba, iniciada
en 1919 y culminada en 1983, y que se concretó en la ley 23733, no como lo
expone la propuesta de Velásquez Quesquén. "La universidad nació en el
ámbito de la monarquía y del Vaticano. Recién en el siglo XX aparece el
concepto de autonomía", comenta.
Si bien Burga es un
defensor de la autonomía universitaria, consideró que la autonomía no debería servir
como pretexto de otros intereses. "La universidad tienen la libertad de
crear especialidades, pero tienen que rendir cuentas, demostrar que esa es una
buena decisión. Allí hay un nivel de regulación".
"Las universidades públicas tienen un presupuesto del estado y rinden
cuentas; que se perfeccione, que se fomente la autonomía, pero cambiar la ley
para volver al sistema anterior creo que sería un error. La Ley 30220 nace
de una necesidad sentida por la población y por todas las comunidades universitarias
y ante la multiplicación mercantilista de las privadas", afirma.
Por último, crítico la
propuesta de que el consejo directivo de la Sunedu esté conformado por tres
docentes de universidades públicas y tres docentes privadas -parte del proyecto
aprista-, mientras que en la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR) estaba
conformada, por todos los rectores de las universidades del país. "El
sistema es menos democrático que la ANR", sostiene.
Fuente: LaMula
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