A dos de ellos se les revocó la
medida pero tendrán que pagar una caución de 20 mil soles
La Primera Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA), confirmó el
requerimiento de prisión preventiva por 18 meses contra Richard Andrés
Fernández Flores, Walter Martín Pérez Carranza, Víctor Alberto Preciado Mío y Guido
Eugenio Samamé Constantini, por el presunto delito contra la administración
pública en la modalidad de peculado agravado, en agravio de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque.
La misma Sala revocó la prisión
preventiva por el mandato de comparecencia con restricciones contra Franz Cueva
Moscol y Jorge Santiago Santisteban Chicoma, por no haber peligro procesal,
debiendo cumplir reglas de conducta y apersonarse a la Fiscalía para dar cuenta
de sus actividades, de igual manera les prohibió mantener comunicación o
aproximarse a sus coencausados y a los testigos del presente proceso, asimismo
les impuso una caución de 20 mil soles.
La Sala no valoró los audios
presentados por el representante del Ministerio Público, toda vez que no se ha
corroborado que sea la voz de Richard Fernández y Rald Clay de la Piedra, toda
vez que falta hacer aún una pericia.
De la investigación se tiene que
la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo de la comuna formuló 94
requerimientos de contratación de servicios para la elaboración de perfiles de
inversión, digitalización de expedientes técnicos, estudios de topografía, etc.
La modalidad que habrían
utilizado para apropiarse del dinero del Estado sería que los funcionarios
municipales de dicha gerencia y la Subgerencia de Obras, requirieron la
contratación de los servicios y luego otorgaron la conformidad como si estos
hubiesen sido prestados; con conocimiento de la Gerencia de Administración y
Finanzas.
Ante estos requerimientos, la
Subgerencia de Logística a cargo de Rald Clay de la Piedra Arévalo, sin
efectuar observación alguna, realizó supuestos estudios de mercado,
conjuntamente con el cotizador de la municipalidad Jorge Santiago Santisteban
Chicoma, utilizando para ello proformas falsas, los cuales fueron aprobados,
sin cuestionamiento alguno, por el Gerente de Administración y Finanzas.
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La Fiscalía aseguró que estos
servicios y consultorías, nunca se realizaron por los supuestos proveedores y
pese a ello se pagó en su totalidad S/. 1´025 765,50 soles.
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