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| Fuente: Andina |
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
apelará la medida cautelar que detiene la venta de las acciones de Odebrecht en
el proyecto Olmos para evitar perjuicios económicos al Estado, aseguró esta
noche su titular, María Soledad Pérez Tello.
Sostuvo que la medida cautelar, interpuesta por
la exprocuradora Katherine Ampuero es contraria al Decreto de Urgencia 003 y
una decisión de Estado que busca asegurar el pago de la reparación civil y la
cadena de pago a los acreedores de esta empresa.
Pérez Tello refirió que se enviará un recurso
denominado "amicus curiae" al juez Richard Concepción Carhuancho, quien
admitió el pedido de la exprocuradora Ampuero.
“Carhuancho acepta pensando que eso era una
decisión del Estado, porque ella representa al Estado. Mandaremos el documento
explicando todo esto, estamos seguros de que la sala ponderará el pedido porque
esta es una decisión de Estado”, declaró en Canal N.
Aseguró que en este tema, el objetivo penal es
que los culpables por los actos de corrupción de Odebrecht vayan presos; el
objetivo económico es cobrar la reparación civil, y el objetivo de Estado que
se vendan las acciones de esta empresa, ahora que tiene valor.
Reiteró que esta operación, al amparo del Decreto
de Urgencia 003, es una decisión de Estado, aprobada por el Consejo de
Ministros, con el respaldo del Congreso de la República y el gobierno regional
de Lambayeque, con quien se habló para facilitar la venta.
Perjuicio económico
Ir en contra de la ley, sostuvo, genera un
“perjuicio económico de dimensiones”, pone en peligro las inversiones y puede
dejar sin empleo a miles de personas.
“La empresa no tendrá crédito, pagará vendiendo
los activos que tiene, lo vende y me da una parte para garantizar el pago de la
reparación civil y la cadena de pagos a sus proveedores y trabajadores ahora y
no cuando ya no lo tengan valor”, aseveró.
La ministra explicó también que correspondía a la
exprocuradora Ampuero fijar el monto de la reparación civil que debe pagar
Odebrecht por los daños causados al Estado.
“No quiso hacer proyecciones para la reparación
civil, lo que hizo es obligar al Estado a seguir contratando con una empresa
corrupta e incumplir una ley que ha sido aprobada por este gobierno”, aseveró.
Lamentó finalmente la forma en que se dio a
conocer que retiró de confianza a la extitular del Consejo de Defensa Jurídica
del Estado, Julia Príncipe.
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