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| Fuente: BBC |
En
concreto, Lula fue hallado culpable de aceptar sobornos de la constructora OAS
por US$1,1 millones, un monto que fue dedicado en la reforma y amueblado con
piezas de lujo de un apartamento triplex en la localidad costera de Guarujá, en
el estado de Sao Paulo.
Lula,
de 71 años y presidente entre 2003 y 2010, siempre negó los cargos y se
considera víctima de una caza de brujas. Ahora tiene derecho a apelar la
sentencia y no
irá a prisión mientras dure este proceso.
La sentencia fue
dictada por el juez Sergio Moro, quien señaló que la razón para no ordenar el
arresto inmediato del mandatario para que apele en libertad es "evitar
ciertos traumas".
En
cualquier caso, la sentencia de Moro, encargado de las investigaciones sobre la
trama de corrupción conocida como "Lava Jato" (autolavado, en
portugués), es histórica: por primera vez un expresidente de Brasil es condenado
por corrupción.
El caso,
que inició alrededor de la petrolera estatal Petrobras, ha acabado salpicando a
políticos y poderosos empresarios de Brasil.
Según la sentencia de
Moro, citada en medios brasileños, el de Lula fue "un delito complejo que implicó
la práctica de diversos actos en momentos diferentes".
Además, de
acuerdo con el juez, el hecho de que Lula era el encargado de nombrar a los
directores de Petrobras, le otorgaba "un papel relevante en la trama
criminal".
En
varias oportunidades Lula ha
adjudicado fines políticos a este proceso judicial e incluso ha negado
que el apartamento de Guarujá sea de su propiedad, algo que Moro descartó en su
sentencia.
"Lava jato"
La de Lula
es la última de las múltiples condenas emitidas en el marco del escándalo
desatado en torno a la petrolera estatal Petrobras y que comenzó casi por
casualidad en una gasolinera de Brasilia.
Fue en
marzo de 2014, cuando la Policía Federal descubrió que, además de las bombas de
combustible, el minimercado y la cafetería, en la estación había una casa de
cambio que se usaba para lavar dinero.
Poco
después se descubrió la relación de la trama con Petrobras.
Y más tarde, a cambio
de beneficios penales, algunos de los que ya estaban siendo acusados empezaron
a delatar a otros implicados.
El
escándalo fue salpicando a autoridades y empresarios hasta provocar uno de los
mayores terremotos políticos del país.
Los
fiscales denunciaron que las
principales empresas constructoras de Brasil, incluidas gigantes como Odebrecht
o Camargo Corrêa, habían formado un cartel para repartirse contratos
multimillonarios de Petrobras.
A cambio
pagaban sobornos a directores de la petrolera y a medio centenar de políticos
de diferentes agrupaciones, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores
(PT) y aliados.
El dinero
desviado oscilaba entre 1% y 3% del valor de los contratos con Petrobras, iba a
compañías de fachada que los disfrazaban como pagos por consultorías.
Así, una operación
contra el lavado de dinero que se llamó "Lava jato" -que en portugués
significa "autolavado" aunque en la gasolinera de Brasilia nadie
lavaba autos-, acaba de resultar en la condena de quien fuera uno de los
políticos más populares del mundo.
¿Lula 2018?
Según la
bancada del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Diputados, Lula
"sufre una persecución judicial sin paralelo".
"Está
en curso una de las mayores manipulaciones de las que se tiene noticia por
cuenta de su trayectoria política y por haber sido el mejor presidente de
Brasil", señala un comunicado de la bancada del partido de Lula.
Lula,
que sigue siendo uno de los políticos más populares de Brasil, había anunciado
recientemente su intención
de volver a ser candidato a la presidencia de Brasil en las
elecciones de octubre de 2018.
No
obstante, si el Tribunal Regional Federal confirma la condena, Lula podría
resultar inelegible.
Durante
sus años de gobierno, el exsindicalista alcanzó tal notoriedad nacional e
internacional que el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo llamó "el
político más popular del planeta".
La
sentencia de Moro, cuyas investigaciones por el operativo "Lava Jato"
han llevado a que algunos lo consideren un posible candidato presidencial,
llega en un contexto de profunda crisis política en Brasil.
Dilma
Rousseff, la sucesora de Lula, fue sometida a un juicio político y destituida
en agosto de 2016 por normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.
Desde
entonces gobierna quien fuera el vicepresidente de Rousseff, Michel Temer, que
actualmente enfrenta cargos por corrupción pasiva.
Hace tan
solo dos semanas, Moro sentenció a 12 años de prisión a Antonio Palocci, un
influyente ministro durante los gobiernos de Lula y Rousseff, también por
corrupción.
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