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| Fuente: Andina |
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
(Minjus) ratificó hoy que la abogada Katherine Ampuero, en su cargo de
procuradora ad hoc, interpuso una acción para detener la venta de las acciones
del Grupo Odebrecht en el proyecto Olmos, acción que, según dijo, perjudica al
Estado.
El Minjus, a través de un comunicado,
precisó que perdió la confianza en la abogada Katherine Ampuero y solicitó
su destitución debido a que su actuación como procuradora ad hoc afectaba el
cumplimiento del Decreto de Urgencia 003-2017.
Explicó que ese decreto tiene como fin
asegurar el pago efectivo de la reparación civil que corresponde al Estado,
evitar el rompimiento de la cadena de pagos y la continuidad del servicio, en
el caso de proyectos en los que hubiesen participado empresas sancionadas por
actos de corrupción o que hayan admitido actos de corrupción.
El Minjus precisó que este decreto fue emitido
por el Poder Ejecutivo y su constitucionalidad ha sido ratificada por el
Congreso de la República.
Detalló que el trabajo de los procuradores es
definir la estrategia de defensa de los intereses del Estado y fijar la
reparación civil en el marco de la ley, sin embargo "la actuación procesal
de la procuradora ad hoc, consistente en interponer una medida cautelar para
detener la venta de acciones del Grupo Odebrecht en el proyecto Olmos,
constituye una grave acción que perjudica el propósito del referido
decreto".
El mencionado decreto tiene como fin evitar la
paralización de los proyectos de infraestructura y la provisión de servicios
públicos, e impedir la ruptura de la cadena de pagos, protegiendo así a
trabajadores, proveedores y acreedores en general, así como cautelar el pago de
la reparación civil a favor del Estado peruano.
"La venta ya había sido aprobada por el
Gobierno Regional de Lambayeque", aseveró. Agregó que la medida
solicitada por la abogada Ampuero, que es contraria a los fines del decreto de
urgencia, obliga al Estado a mantener a Odebrecht un año más en el proyecto,
poniendo en peligro 18,000 puestos de trabajo directos e indirectos y la
posibilidad de recuperar dinero para la reparación civil a favor del Estado
peruano.
"Al hacerlo, la señora Ampuero ha actuado en
contra de una norma con rango de ley y ha perjudicado los intereses del Estado
peruano y de los trabajadores y proveedores del proyecto Olmos",
indicó.
El Minjus precisó que la ministra María Soledad
Pérez Tello, como titular del ente rector del Sistema de Defensa Jurídica del
Estado, tomó esa decisión por los motivos señalados, informando posteriormente
al Presidente de la República y al Presidente del Consejo de Ministros.
Finalmente ratificó su apuesta por la lucha
contra la corrupción y para ello, dijo, adoptará todas las medidas que
sean necesarias, para alcanzar este fin.

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