El
caso sacudió primero la escena política de Brasil al más alto nivel, pues tanto
el actual presidente, Michel Temer, como Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva, sus antecesores en
el cargo, se han visto implicados.
Este
jueves, en Perú un juez dictó una medida de 18 meses de prisión preventiva para
el expresidente Ollanta
Humala y su esposa, Nadine Heredia, por los delitos de lavado de activos en
detrimento del Estado y asociación ilícita para delinquir, relacionados con el
mismo caso Odebrecht.
Tanto
Humala como su mujer han negado cometer algún ilícito, pero se presentaron ante
la Justicia peruana tras conocer el fallo judicial.
Y la onda expansiva rápidamente alcanzó al resto de la
región. Hasta otras importantes figuras de la política latinoamericana,
incluyendo a varios mandatarios y exmandatarios.
Uno de
los casos más destacados también ocurrió en Perú contra el expresidenteAlejandro Toledo, sobre quien pende
una orden de detención nacional e internacional por supuestamente haber
recibido un soborno de US$20 millones del gigante brasileño de la construcción.
En
Colombia, por su parte, existe la denuncia de que la campaña del actual
presidente, Juan
Manuel Santos, se benefició con US$1 millón proveniente de los sobornos que
Odebrecht habría pagado a un exsenador colombiano.
Además de
que la Fiscalía General de Colombia anotó que la firma brasileña "asumió
los costos de las campañas de Santos y su rival en las elecciones de 2014,
Óscar Iván Zuluaga".
Y esos no son los
únicos casos de alto perfil vinculados a lo que el departamento de estado de
EE.UU. calificó como"el mayor caso de sobornos extranjeros de la
historia".
El escándalo
también ha salpicado a destacados políticos como el panameño Ricardo Martinelli y el salvadoreño
Mauricio Funes, sólo por nombrar a algunos de los exmandatarios en la mira por
supuestamente haberse beneficiado de los sobornos.
Aunque cabe
aclarar que, al día de hoy, ninguno de ellos - ni de otra larga lista de
políticos mencionados en torno al caso- han sido condenados en conexión con el
escándalo
De Lula a Toledo
En
el caso de Brasil la única personalidad que por el momento enfrenta cargos por
cuenta de Odebrecht es el
expresidente Lula da Silva, quien mantiene su inocencia.
Sin
embargo, el carismático expresidente ya sufrió un revés en los estrados
judiciales esta semana, cuando fue condenado por otro caso de corrupción a 10
años de prisión.
Pero
las sospechas también rondan a Dilma
Rousseff -separada de la presidencia por un proceso no vinculado al
escándalo Odebrecht-, quien ya fue llamada a declarar como testigo en el caso.
El
actual presidente Michel
Temer, por su parte, fue mencionado 43 veces en las "delaciones
premiadas" de uno de los ejecutivos de la empresa constructora.
En las
declaraciones, ofrecidas como parte de un acuerdo especial con la Fiscalía, el
empresario en cuestión afirmó que la compañía había hecho contribuciones
ilegales a las campañas de varios políticos brasileños, incluyendo Temer.
Por esta
razón, el actual presidente de Brasil enfrenta cargos de corrupción presentados
por la Fiscalía General y está a la espera de que la plenaria de la Cámara Baja
del Congreso vote el próximo 2 de agosto si acepta o no estas acusaciones.
De ser
aceptadas, el caso pasaría al Tribunal Federal de Justicia, que se encargará de
juzgar a Temer.
Pero el
mandatario brasileño también niega todos los cargos en su contra.
En
Perú, por su parte, la Justicia estableció una pena de 18 años de prisión
preventiva para Ollanta
Humala y su esposa y - de acuerdo a lo señalado por el fiscal del caso- uno
de los asuntos que forman parte de la pesquisa es la supuesta entrega de US$3
millones de Odebrecht a la pareja para la campaña presidencial de 2011, en la
que Humala resultó vencedor.
Pero además,
la fiscalía también investiga a Heredia por el presunto trato de favor a
Odebretch en la licitación de otro proyecto: el Gasoducto Sur.
Pero
no son los únicos. El Ministerio Público también acusa al expresidente Alejandro Toledo de haber
recibido US$20 millones en sobornos vinculados a la construcción de la
carretera Interoceánica Sur, algo que el exmandatario niega.
De hecho,
un juez peruano emitió una orden de detención nacional e internacional en
contra de Toledo y una medida de 18 años de prisión preventiva.
"Yo
no soy fugitivo. Yo estuve aquí cuando me avisaron de eso (el pedido de
prisión). Yo no me he escapado de mi país", le dijo Toledo a BBC Mundo en
una corta entrevista publicada
en el mes de mayo.
Investigados
El
expresidente Alan
García, así como al presidente Pedro Pablo Kuczynski y la líder
opositora Keiko Fujimori, también han sido llamados a declarar, en calidad de
testigos, en el caso de Humala.
El
expresidente Alan
García, tuvo que salir públicamente a defenderse de informaciones que
lo vinculan con presuntas irregularidades en la adjudicación del Metro de Lima.
Según la
Fiscalía peruana, la empresa brasileña pagó US$7 millones en sobornos para
quedarse con el contrato, adjudicado durante el segundo gobierno de García.
Pero el
exmandatario también niega haberse beneficiado.
"No me
mezclen en sobornos y coimas de gente sin moral ni patriotismo", dijo a
través de Twitter el 24 de enero pasado.
Para las campañas
En
Colombia, por su parte, fueron las declaraciones del exsenador Otto Bula -actualmente
preso por haber recibido US$4,6 millones en supuestos sobornos de Odebrecht-
las que salpicaron la campaña de reelección del presidente Santos en 2014.
Aunque
el exsenador no entregó pruebas documentadas de la financiación, en marzo de
este año el jefe de la campaña de Santos, Rodrigo Prieto, confirmó el aporte de la firma brasileña en 2010 para el pago
de dos millones de afiches de promoción proselitista.
Pero Prieto
aclaró que el mandatario no tenía "conocimiento de estos ingresos".
Además,
esta semana, la propia Fiscalía informó que la firma brasileña sí había hecho
aportes a la campaña de presidencial de Santos y su rival en 2014, Óscar Iván Zuluaga.
"Los
hechos le permiten concluir certeramente (a la Fiscalía) que con relación con
las campañas presidenciales 2014 - 2018, Odebrecht asumió costos relacionados
con las mismas, y que los dineros se pagaron desde el Departamento de
Operaciones Estructuradas, creado por la compañía brasilera", se lee en la
copia enviada al Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de la
investigación.
El CNE colombiano ya
estaba investigando alegaciones de que Odebrecht también había contribuido de
forma ilegal con la campaña de Zuluaga.
Zuluaga
había negado cualquier conocimiento de pagos ilegales hechos por la empresa de
construcción a su asesor de campaña, el brasileño Eduardo 'Duda' Mendonça.
Pero
la situación obligó al expresidente Álvaro
Uribe a demandar una investigación interna en su partido Centro
Democrático.
También en Panamá
El supuesto
financiamiento ilegal de Odebrecht a campañas electorales también es objeto de
interés en Panamá.
Las
sospechas de apoyo a la campaña del expresidente Ricardo Martinelli, por ejemplo, ya
habían sido destacadas por la embajadora de EE.UU., Barbara Stephenson, en un
cable filtrado por Wikileaks.
El 12 de junio
Martinelli fue capturado en Miami y, el pasado 7 de julio, el gobierno de
Estados Unidos le negó la libertad bajo fianza, a la espera de tramitar su
extradición a Panamá.
El gobierno
panameño había emitido una orden de captura en contra del exmandatario por
otros casos de corrupción y escuchas ilegales.
Sin
embargo, la Corte Suprema de Justicia de ese país también había admitido, en
agosto del año pasado, una solicitud de asistencia judicial por parte del
gobierno de Suiza para determinar si el expresidente Ricardo Martinelli había recibido
sobornos de la empresa brasileña.
Entre
los 17 imputados identificados por la Fiscalía Especial Anticorrupción de
Panamá a finales de enero figuran los hijos de Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto, así como su hermano
Mario.
De hecho,
en abril de este año, un apartamento de la familia Martinelli en Miami había
sido embargado por la Justicia estadounidense, en una medida relacionada con el
caso Odebrecht.
Y
el diario brasileño Estadao informó recientemente
que uno de los delatores de Odebrecht identificó a uno de los hijos de
Martinelli como el receptor de US$6 millones de los US$59 millones pagados como
sobornos en el país.
Ninguna de
las acusaciones, sin embargo, ha sido probada.
Martinelli no es, por
lo demás, el único exmandatario panameño mencionado en el escándalo.
La
fiscalía de Panamá confirmó el pasado 3 de febrero que también había solicitado
información sobre las cuentas del expresidente Martín Torrijos para tratar de
determinar posibles coimas de Odebrecht.
Torrijos
también ha negado cualquier vinculación y prometió colaborar con las
autoridades.
Y la lista
de políticos panameños vinculados al escándalo no se agota con él, pues según
medios locales la posible entrada de dinero de Odebrecth en la campaña del actual
presidente panameño, Juan Carlos Varela, también está siendo investigada.
Asesores bajo sospecha
La
empresa Odebrecht parece haberse involucrado en numerosos procesos electorales
de la región a menudo por vía de las asesorías de "Duda" Mendonça y su colega Joao Santana.
En El
Salvador, por ejemplo, el rol de la constructora en la campaña del expresidente Mauricio Funes también es
objeto de investigaciones por cuenta de los servicios prestados por Santana.
La
Fiscalía salvadoreña dice tener información que sugiere que Odebrecht financió ilegalmente
al asesor brasileño con US$1,5 millones.
Pero el
exmandatario salvadoreño, contra quien está abierto un proceso por
enriquecimiento ilícito que le llevó a pedir y obtener asilo político en
Nicaragua, también desestimó los cargos.
"Como no
encuentran evidencias de enriquecimiento ilícito hoy inventan lo de donaciones
brasileñas en campaña para seguir haciendo ruido", declaró Funes vía
Twitter.
"Mi
campaña no recibió donaciones de empresas brasileñas. Si Odebrecht pagó servicios
profesionales a Santana ese es un asunto entre ellos", agregó el
exmandatario.
A la espera
Nuevas
"delaciones protegidas" de los ejecutivos de Odebrecht y las investigaciones
que se conducen en cada país podría eventualmente involucrar directamente en el
escándalo a otros mandatarios latinoamericanos.
Pero
acusaciones en contra de otros funcionarios también pueden terminar
salpicándolos de manera indirecta en el mismo, como ha sucedido con el
presidente argentino Mauricio
Macri.
Hasta el momento, las
investigaciones en Argentina habían apuntado principalmente a importantes
figuras de la era Kirchner, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido
y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que ya fueron arrestados por
corrupción.
Pero
el caso también ha salpicado al actual jefe de la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI), Gustavo
Arribas, amigo personal de Macri.
A Arribas
se le acusó de haber recibido US$750.000 de Odebrecht, lo que él siempre negó.
El pasado 23 de junio, la Cámara Federal de Casación Penal cerró la causa en
contra de Arribas.
Y el
mandatario argentino siempre salió a defender públicamente a su amigo,
declarándose convencido de su inocencia.













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