El trabajo de campo estuvo a
cargo de los especialistas de la Contraloría Regional Chiclayo, quienes inspeccionaron
diversos colegios en las provincias de Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe, en esta
última provincia se visitó los colegios ubicados en las zonas altoandinas de
Cañaris e Incahuasi.
En la provincia de Lambayeque
se visitaron los colegios 10175 Consagrada Inmaculada Virgen María, 10360 San
Marcos, 10174 Virgen de la Divina Providencia y 10197 San Cristobal Grande, los
tres pertenecientes al distrito de Olmos. Mientras que en la provincia de
Chiclayo, se visitó el Colegio de Alto Rendimiento (COAR), y el N°10115 del
distrito de Pimentel. En la provincia de
Ferreñafe se visitaron los colegios 10062, 11045 y 10876, ubicados en los
distritos altoandinos de Cañaris e Incahuasi.
Los resultados del operativo se
detallan en el Informe de Visita Preventiva N° 177-2018-CG/CORECH-VP, el cual
fue remitido a la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque, a fin de implementar
las medidas preventivas pertinentes que mitiguen los riesgos encontrados. De
igual forma, se
encuentra publicado en la página web de la Contraloría www.contraloria.gob.pe, a fin de garantizar la
transparencia y el acceso a la información referida a la situación de los colegios
y servicios educativos.
Principales hechos identificados:
- La matrícula no se efectuó de acuerdo a lo establecido por la Gerencia Regional de Educación Lambayeque (GRE), poniendo en riesgo la enseñanza de la población estudiantil.
- Insuficientes libros y materiales para el inicio del año escolar 2018, afecta el proceso de aprendizaje homogéneo.
- Carencia de conformación de la Consejo Educativo Institucional (CONEI), Comité de Tutoría y Convivencia Escolar, así como un profesional de psicología, afecta la vigilancia ciudadana de la gestión educativa, la implementación de las labores de tutoría y la prevención casos de acoso y violencia entre los estudiantes, respectivamente.
- Establecimientos que expenden bebidas alcohólicas a menos de 100 metros de las instituciones educativas, afectan la integridad moral y física de la comunidad educativa, además de la posible deserción escolar.
- Carencia de instalaciones de desagüe, suministro de agua y de los servicios higiénicos operativos y limpios en las IIEE, genera el riesgo de transmisión de enfermedades infecto-contagiosas que afectaría la salud.
- Infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas inadecuada por encontrase en malas condiciones, como paredes, techos, pisos y losas deportivas, genera el riesgo de hacinamiento y falta de seguridad.
Resultados
a nivel nacional
Las intervenciones, en las
cuales participaron más de 400 auditores de las 27 Contralorías Regionales de
todo el país, se efectuó en una muestra de 377 colegios, considerando una
población de 23,524 instituciones educativas públicas de nivel primaria
(polidocente) y secundaria.
El número de colegios por región
en la muestra es proporcional al total de instituciones educativas por región y
fueron seleccionados en forma aleatoria (al azar). Ante ello, y por la
naturaleza de la muestra, las conclusiones del operativo se pueden generalizar
a nivel nacional, con un alto grado de confiabilidad de un 95%.
Se
evidenció que en el 53.9% de las instituciones educativas visitadas no se
publicó el cronograma de matrícula en un lugar visible; mientras que en el
29.8% el proceso de matrícula se realizó fuera de las fechas dispuestas por la
autoridad educativa.
Estos hechos generan el riesgo
de una desorganización en el proceso de matrícula y se ha afectado el ingreso y
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo nacional.
Se advirtió además que en el
29.8% de colegios intervenidos, existen deficiencias en el almacenamiento de
materiales y recursos educativos; mientras que en el 27.6% no cuentan con todos
los libros y materiales para la entrega a los alumnos durante el inicio de
clases
Estos
hechos generan el riesgo de afectación al proceso de aprendizaje, debido a que
los materiales no se encontraron disponibles o estaban deteriorados para ser
utilizados por los estudiantes.
Respecto
a la plana docente, se identificó que en el 26.6% de las instituciones educativas
visitadas, se encontraba incompleta; mientras que un 19.9% no contaba con el
informe de inasistencia o tardanza de los profesores cursados a la DRE o UGEL.
Estos
hechos generan el riesgo de que no exista una adecuada prestación del servicio
educativo, no se cumpla con el dictado de horas efectivas de clases y se
omitan descuentos por inasistencias o tardanzas, que afectan sustancialmente el proceso de aprendizaje de
los estudiantes.
En
cuanto a infraestructura, se evidenció que el 81.6% de colegios carece de
mallas verdes de protección contra radiación solar. De igual forma, una gran
mayoría carece de rampas para personas con discapacidad (78.4%), extintores
(78.5%), barandas para zonas con desnivel pronunciado (69.1%) y señalización
(57%).
Los
hechos advertidos generan el riesgo de afectar la integridad física de los
estudiantes, así como limitación en el accionar ante eventuales desastres
naturales o incendios, comprometiendo la vida humana.
Entre
otros aspectos de relevancia, se advierte que el 16.5% de colegios están
ubicados a menos de 100 metros de establecimientos que comercializan bebidas
alcohólicas.
Cabe
señalar que la
presencia de establecimientos que se dedican exclusivamente a la
comercialización de bebidas alcohólicas a menos de 100 metros de las
instituciones educativas genera el riesgo de afectar la integridad física de la
comunidad educativa y generar deserción escolar, debido a que las municipalidades otorgaron licencias a estos
establecimientos sin tener en cuenta la proximidad a las instituciones
educativas.
Los
resultados del operativo fueron comunicados oportunamente a las autoridades y
responsables del sector Educación y de los Gobiernos Regionales, a fin de que
implementen, en el más breve plazo, las medidas tendientes a mejorar la calidad
y eficiencia del servicio educativo.
Asimismo, se encuentra publicado en la página web de la Contraloría www.contraloria.gob.pe, a fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información
referida a la situación de los colegios y servicios educativos.

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