En
conferencia de prensa, el juez René Martínez explicó que la
defensa de ambas personas solicitaron la excarcelación al considerar que había
exceso de prisión efectiva, pues habían cumplido en 2013 los 25 años de condena
por delito de terrorismo.
Según
detalló, en julio de 2017, al confirmarse la resolución en primera instancia
que ordenaba detención domiciliaria, ni el Ministerio Público ni el procurador
antiterrorismo Milko Ruiz hicieron uso de algún medio impugnatorio para
recurrir a otra instancia y revisar la resolución.
"Dónde
estuvo el Ministerio Público o el procurador, que ahora se rasga las vestiduras
y no cuestionaron la decisión", aseveró el juez.
Para Martínez,
el procurador ha salido ahora a la prensa a cuestionar y agraviar la majestad
del Poder Judicial con expresiones que la sala rechaza.
Remarcó, en
ese sentido, que el colegiado ha actuado dentro del marco legal y de la
Constitución, en ejercicio pleno de su independencia y autonomía.
El arresto
domiciliario, añadió, asegura que los procesados puedan continuar presentándose
en el juicio del caso Tarata, por el cual son procesados y que, afirmó, se
encuentra en su fase final.

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