La disposición, que aparece
en la separata de Normas Legales, se precisa que esta busca reducir
la vulnerabilidad del país al cambio climático y
aprovechar las oportunidades del crecimiento bajo en carbono.
Además, tiene el objetivo de
cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado ante la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con
enfoque intergeneracional.
Principios
El Estado diseña e integra
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático a
los instrumentos de planificación y prospectiva del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico y proyectos de inversión pública del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
La intervención del Estado
frente al cambio climático es transversal y multinivel.
Es planificada con
intervención de los distintos sectores y actores, incorporando una visión
integral y promoviendo el involucramiento del sector privado, la sociedad civil
y pueblos indígenas u originarios, a fin de ofrecer respuestas
multidimensionales y articuladas.
Además, las competencias y
funciones que tengan las entidades públicas en cada nivel de gobierno en
materia de cambio climático se articulan para
una prestación de servicios más eficiente y cercana al ciudadano.
Las autoridades competentes
en la gestión integral del cambio climático, y
las entidades públicas y privadas que administran recursos financieros para la
adaptación y mitigación rinden cuentas ante los órganos públicos de control
horizontal y la ciudadanía, publicando los resultados de dichas rendiciones en
su portal web.
El Estado tiene el deber de
poner a disposición toda información de carácter público relacionada con el cambio
climático, respetando el derecho de toda persona de acceder
adecuada y oportunamente a dicha información sin necesidad de invocar
justificación o interés que motive tal requerimiento, reduciendo las asimetrías
de información.
Asimismo, el Estado rinde
cuentas de su gestión con arreglo a las normas sobre la materia e investiga
toda actividad ilegal, publicando sus resultados, salvo las excepciones que
establece la ley de la materia.
Toda persona tiene el
derecho y deber de participar responsablemente en los procesos de toma de
decisiones de la gestión integral del cambio climáticoque se
adopten en cada uno de los niveles de gobierno.
Para tal efecto, el Estado
garantiza una participación oportuna y efectiva, considerando los enfoques de
interculturalidad y género.
Los procesos y políticas
públicas de adaptación y mitigación al cambio climático se
construyen de manera tal que sea posible la participación efectiva de todos los
actores públicos y privados en la toma de decisiones, el manejo de conflictos y
la construcción de consensos, sobre la base de responsabilidades, metas y
objetivos claramente definidos en todos los niveles de gobierno.
El Estado promueve políticas
y acciones orientadas a prevenir, vigilar y evitar los impactos y riesgos del cambio
climático.
Cuando no sea posible
eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación y
adaptación que correspondan, a fin de garantizar la salud y vida de las
personas, así como la protección del ambiente.
Mitigación y adaptación
El Estado, en sus tres
niveles de gobierno, de manera articulada y participativa, adopta las medidas
de adaptación y aprovechamiento de oportunidades frente al cambio
climático.
Las medidas tienen por
finalidad garantizar un territorio resiliente y sostenible, priorizando el uso
eficiente del agua en las actividades industriales y mineras, el ordenamiento
territorial y ambiental, el desarrollo de ciudades sostenibles, y la prevención
y gestión de riesgos climáticos,; entre otras.
El Estado,asimismo, diseña e
implementa programas, proyectos y actividades orientadas a la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero, la captura de carbono, y el
incremento de sumideros, priorizando la protección, conservación y manejo
sostenible de los bosques.
De la misma forma,
prioriza la forestación y reforestación, el control del uso y cambio de uso de
suelo, el transporte sostenible, la gestión de residuos sólidos, el control de
las emisiones gaseosas y efluentes, el cambio progresivo de los modelos de
consumo y de la matriz energética a energías renovables y limpias, entre otras.
Según la norma,
el Ministerio del Ambiente es responsable del monitoreo y evaluación de la
reducción de emisiones de deforestación y degradación de los bosques, e informa
sobre su implementación a la Secretaría de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático.
La reducción de emisiones de
deforestación y degradación de los bosques promueve la conservación y aumento
de las reservas forestales de carbono, a través de programas y proyectos de
conservación y manejo sostenible de bosques.
Además, los programas y
proyectos de conservación y manejo sostenible de bosques, preferentemente
incorporan prácticas y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas u
originarios.
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