Además contra la violencia de género se impulsaron reformas
en la legislación
(Andina) El presidente Martín Vizcarra anunció que los padres que
trabajan en la administración pública e incumplan con sus obligaciones
alimentarias serán separados del Estado.
"No queremos padres irresponsables trabajando en el
Estado. Aquellos padres que no cumplan con sus obligaciones
alimentarias serán separados del Estado", manifestó en su Mensaje a la
Nación por Fiestas Patrias.
Vizcarra afirmó que en el marco del compromiso firme
con la igualdad y la lucha contra la violencia de género se aprobó
durante su gestión la Política Nacional de Igualdad de Género.
Igualmente, se cumplió con implementar nuevos Centros de
Emergencia Mujer (CEM) en comisarías y se fortaleció el
Servicio de Atención Urgente (SAU), el cual actúa apenas conocido el hecho de
violencia.
También recordó que el Ministerio de la Mujer (MIMP)
ha implementado la Estrategia “Te Acompañamos”, gracias a la cual las
niñas, niños y adolescentes que sufren la pérdida de su madre víctima de
feminicidio continúan sus estudios. También reciben atención física,
psicológica y tienen posibilidades de acceder a programas de empleo.
INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
El presidente de la República refirió que en su gestión se
han creado 17 Unidades de Protección Especial que atienden a las niñas, niños y
adolescentes sin cuidados parentales. Dichas unidades han atendido a
20,000 menores, a quienes se les ha restituido su derecho a vivir en familia.
“En el Perú ningún padre o madre debería abandonar,
maltratar o desconocer sus obligaciones para con sus hijos e hijas, pero
lamentablemente estos casos se presentan”, comentó.
VIOLENCIA DE GÉNERO
En su Mensaje a la Nación también hizo mención de la
inversión histórica de S/ 260 millones para cumplir con las políticas contra la
violencia de género. Ese monto -anotó- se orientó hacia
acciones específicas en ministerios, gobiernos regionales y locales, Ministerio
Público, Poder Judicial y Defensoría del Pueblo.
Más adelante señaló que su gobierno impulsó reformas
para fortalecer la lucha contra la violencia, tales como: sanción con
cárcel del acoso y chantaje sexual, protección contra el hostigamiento
sexual, y perfeccionamiento de la Ley para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Igualmente, se el reglamento de la Ley de prevención y
sanción del hostigamiento sexual para acabar con la impunidad en universidades,
escuelas y centros de trabajo.
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