Los puentes
presentan daños estructurales advertidos por Ositrán, mientras las obras de
prevención en las principales cuencas del norte apenas registran entre 0 % y 30
% de avance.
Ante la
inminente llegada de un intenso Fenómeno El Niño, la situación de la
infraestructura vial en Lambayeque enciende las alarmas. Según información
oficial de Ositrán revela que los puentes Motupe I e Iniche presentan problemas
estructurales que comprometen su seguridad y la de cientos de pobladores que se
quedarían aislados, mientras los proyectos de prevención contra inundaciones
permanecen prácticamente paralizados.
En el caso del
puente Motupe I, el organismo supervisor identificó descascaramiento
superficial en los pilares, además de fisuras y desprendimientos en veredas y
barandas de concreto, dejando expuesto el acero de refuerzo, una condición que
acelera el deterioro de la estructura. En tanto, el puente Iniche enfrenta un
riesgo mayor debido a la antigüedad de la infraestructura y a la ausencia de
una evaluación estructural reciente que determine si aún tiene la capacidad de
soportar las cargas y el impacto de eventuales crecidas de los ríos.
A ello se suma
las advertencias realizadas por el gobernador Regional de Lambayeque, Jorge
Pérez Flores, quien advirtió que las obras de prevención en las cuencas de
Olmos, La Leche, Chancay y Zaña, entre otras del norte del país, continúan bajo
responsabilidad del Gobierno Nacional y registran avances de apenas 0 % a 30 %,
lo que reduce significativamente la capacidad de respuesta frente a un evento
climático extremo. Según precisó, los gobiernos regionales no cuentan con
facultades legales para intervenir directamente en estos proyectos.
Especialistas coinciden en que el deterioro de puentes estratégicos y el retraso de las obras de prevención podrían ocasionar el aislamiento de poblaciones, interrupción del transporte de personas y alimentos, afectación de la actividad agrícola y mayores pérdidas económicas si se presentan lluvias intensas. Con el Fenómeno El Niño cada vez más cercano, autoridades y ciudadanía coinciden en que el tiempo se agota y que acelerar las intervenciones ya no es solo una necesidad administrativa, sino una medida urgente para proteger vidas e infraestructura crítica.
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