La propuesta plantea impedir que los investigados por delito
de corrupción en agravio del Estado asuman cargos en los medios de
comunicación.
La bancada de Fuerza Popular ha presentado un proyecto de ley para “proteger las libertades y derechos
informativos de la población”.
La propuesta legislativa sobre los medios de comunicación ya ha
provocado la reacción de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP), la cual
calificó de “alarmante” , pues se convertiría en un instrumento legal para que un
gobierno autoritario acuse y procese a un periodista o al director de un medio
con la intención de silenciarlo.
Pero, ¿de qué trata este
proyecto sobre los medios de comunicación?
Según se puede leer en el
documento, el objetivo es garantizar el derecho a la información objetiva y
veraz, plural y oportuna de la sociedad. Veamos a detalle:
·
No podrán ser directores periodísticos, editores, productores u
otro cargo análogo cuya responsabilidad incida en la línea editorial de un
medio de comunicación, las personas que
mediante sentencia firme hayan sido condenadas por delitos de corrupción en
perjuicio del Estado.
·
No podrán
ser presidente o miembro del Directorio, accionistas, gerente general o
apoderado de un medio de comunicación, las personas que mediante sentencia
firme hayan sido condenadas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado.
·
La prohibición contenida en los numerales precedentes se
extiende inclusive a las personas que a la fecha, vienen siendo investigadas
por el Ministerio Público, por la comisión de delitos de corrupción en agravio
del Estado Peruano. Dicha prohibición cesa al momento en que la referida
investigación es archivada en forma definitiva.
Es decir, impedir que los investigados por la Fiscalía por
presunto delito de corrupción en agravio del Estado puedan asumir todo cargo
con responsabilidad en la línea editorial de un medio de comunicación.
Veeduría Ciudadana
El proyecto de Fuerza Popular señala que serán “los ciudadanos”
los que ejercerán la veeduría en la conducción de los medios de comunicación,
para garantizar el derecho a “la información neutral, objetiva y desinteresada
que deben ejercer los medios de comunicación dentro de la libertad de expresión
y de prensa”.
Los fundamentos
El proyecto de ley fue presentado el 7 de marzo último y tiene
como autoras a las legisladoras Úrsula Letona y Alejandra Aramayo.
Entre los fundamentos de esta iniciativa se señala que frente a
la grave crisis institucional que afronta el país a raíz de las denuncias
contra empresas brasileñas por presuntos actos de corrupción, es necesaria la
participación de todos los actores de la sociedad para salir de esta crisis, y
en especial, la de la prensa, por ello:
·
Es importante garantizar que la prensa, quien será la que
transmitirá la información a la opinión pública, no esté dirigida por personas
que justamente se encuentren inmersas en las investigaciones Policiales o
Fiscales sobre la presunta comisión de delitos de corrupción, peculado,
enriquecimiento ilícito, entre otros.
En declaraciones,Úrsula Letona sostuvo que lo que busca el
proyecto es preservar el bien jurídico del derecho a la información y evitar
que una persona involucrada en delito de corrupción “incida en la línea editorial de un medio de comunicación, desviando la
atención respecto de hechos de corrupción”.
Al respecto, la Presidenta del Congreso, Luz Salgado, aseguró
que desde su bloque “siempre hemos
respetado la libertad de expresión” y añadió que la iniciativa no tendría el
propósito de vulnerar ese derecho:
“Hay que
estudiarlo en las comisiones pertinentes, es materia de discusión, no lo den
por hecho, hay que sacar lo mejor de ello”, subrayó.
Cuestionamientos
El vocero alterno de Peruanos por el Kambio (PpK), Juan Sheput ,
declaró que “las
normas de buen gobierno y de gobierno corporativo ya establecen limitantes para
personas con dudoso accionar”, por lo que no sería necesario legislar sobre la
materia.
“Las
empresas se cuidan en la formación de sus directorios porque son su carta de
presentación y uno de sus activos, de manera que son muy cuidadosas en el
nombramiento de sus directivos”, comentó.
Sheput agregó que una legislación como la que plantea Fuerza
Popular constituiría una “intromisión, de repente buscando sacar del camino a
alguien”.
“Sería
una norma con nombre propio. Esta norma no solo revela desconocimiento de la
forma como operan las empresas privadas, sino una intromisión directa”, expresó.
Por su parte, el portavoz del Partido Aprista, Javier Velásquez,
dijo que es “discutible” que el
Congreso, a través de la legislación, pueda intervenir en la formación de los
directorios de los medios de comunicación:
“Las
leyes no tienen efecto retroactivo y no puede haber excepciones al respecto.
Hay que hacer una evaluación cuidadosa respecto de los alcances del proyecto
para evitar que, en la búsqueda de normar en positivo la lucha contra la
corrupción, se pueda afectar el derecho a la libertad de expresión”, indicó.
Curiosamente, el proyecto legislativo de Fuerza Popular que viene generando polémica recoge entre sus
fundamentos, uno de los más conocidos preceptos enarbolado por el destacado
periodista y abogado, Alejandro Miró Quesada Garland, que dice:
“Si los
periodistas exigimos amplia libertad estamos obligados a ofrecer honestidad e
independencia (…) Solo así podrá el periodismo cumplir, honrosamente, su noble
y difícil misión”.
Fuente: Peru21
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