Ha quedado demostrado que una de las formas de corrupción en los gobiernos regionales se presenta con las licitaciones de obras públicas por medio de adjudicaciones de obras a empresas con las cartas de garantías.
Esta
causal que parece novedosa por las denuncias de corrupción en la Región Ancash,
fue detectada por la Secretaría Nacional de Descentralización desde el 2012, a
través de un informe realizado por la Agencia Española para la Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) realizado en dos regiones del país,
donde se constató que uno de los cuellos de botella a los proyectos de
inversión se suscitan con los arbitrajes planteados por empresas contratistas,
paralizando las obras y, consecuentemente, quedarse con el adelanto de la obra.
El
informe refiere, por ejemplo, que hasta el 2012 existieron en la Región Junín
72 procesos arbitrales que significaron la paralización de obras de
infraestructura por más de doscientos cuarenta millones de soles (S/. 242,
363,445.00.). Obras por las que se hicieron adelantos a las empresas
contratistas quienes luego de iniciar la primera etapa de ejecución, decidieron
paralizarlas e iniciar el arbitraje aduciendo diferentes motivos. Sólo en tres
ocasiones la demanda provino del Gobierno regional, en los demás casos fue
condenado a pagar. En el caso de la Región Pasco la situación fue diferente
debido al número reducido de proyectos en controversia, pero no por su
importancia. El monto de los proyectos en cuestión arbitraje ascendió a más de
cuarenta y cinco millones de soles (S/.45,657,604.00).
El
informe revela que existe una deficiencia para enfrentar los procesos
arbitrales. La alta rotación de funcionarios cuando se inicia un periodo de
gobierno, no permite enfrentar con diligencia los procesos, por desconocimiento
de los pormenores de los procesos, pero, sobre todo, por la complicidad de
malos funcionarios. Refiere, asimismo, que las normas sobre contrataciones y
adquisiciones y el sistema que lo regula es favorable a los contratistas, que
les permite impugnar muy fácilmente ante cualquier eventualidad o, simplemente,
cuando lo requieran. La legislación impide a los gobiernos regionales ejecutar
la carta fianza bancaria al estar supeditada su ejecución a los resultados del
laudo arbitral. Otro abuso de las contratistas se presenta cuando señalan
domicilio en la capital de la República, ocasionando una deficiente defensa del
gobierno regional que le dificulta presentar los recursos y alegatos en su
oportunidad.
Entonces,
el Ejecutivo contaba con las recomendaciones para hacer las modificaciones que
hubieran evitado que la corrupción se sistematice en las regiones, amparada en
la legislación sobre la materia.
Fuente: >DiarioUno
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