Autoridades electas y
pensionistas de las Fuerzas Armadas y de otras entidades del Estado estarían
entre los beneficiados de distintos programas sociales, como Pensión 65 o el
programa Juntos. Así lo reveló el contralor general de la República Nelson Shack.
Shack Yalta explicó que
entre el 2012 al 2014, el Programa Pensión 65 incorporó como beneficiarios,
además de 23,389 personas fallecidas, que significó una pérdida al Estado por
S/ 732,714 a 681 pensionistas del Ejército Peruano (EP), Oficina Nacional
Previsional (ONP), Caja Militar, Superintendencia de Banca y Seguros (SBS),
Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú (FAP).
A estos personajes se
les realizó 1,876 abonos, equivalentes a 460,838 soles, en perjuicio del
Estado, dijo en su reciente presentación ante la Comisión Parlamentaria de
Inclusión Social y Personas con Discapacidad.
De igual manera,
explicó, que en el mismo periodo de años, el programa Juntos incluyó en su
padrón a 206 autoridades electas por voto popular, entre ellas 200 regidores,
cinco regidores provinciales y un alcalde, a quienes se habría destinado un
abono total de S/ 159,915 en perjuicio al erario público.
En apenas dos años, la
pérdida del Estado por estos conceptos fue de S/ 1’353,467.
Los hallazgos de la
Contraloría fueron derivados a la Fiscalía, donde se investiga a directivos y
funcionarios de las entidades que en su oportunidad autorizaron dichos pagos.
De otro lado, el titular
de la Contraloría informó del hallazgo en el programa Qali Warma, entre el 2014
y 2015, de la entrega de alimentos a instituciones educativas públicas en forma
no oportuna, debido a factores relacionados con los procesos de compra.
Ante ello, el
funcionario anunció que ha solicitado al Congreso la aprobación de un proyecto
de ley para fortalecer la Contraloría y el Sistema Nacional de Control, no solo
para modernizar y asegurar el ejercicio oportuno y eficiente del control
gubernamental, sino también para implementar unidades especiales de Inclusión
Social en cada Contraloría Regional.
Explicó también que viene
coordinando acciones con el Ministerio Público, el Poder Judicial, la
Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, a fin de obtener resultados más
óptimos en las auditorías que realiza el ente de control.
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