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| Foto: Andina |
Con ello se busca conocer su versión en torno al proyecto
vial Interoceánica Sur, luego que el Ministerio Público incluyera en su
investigación preparatoria a los representantes de las compañías Graña y
Montero, JJ Camet Contratistas Generales S.A. e ICCGSA.
“Sí, van a ser citados, lógico. Solo que tenemos bastante
trabajo y, lamentablemente, a veces no se puede avanzar al ritmo que uno
quisiera. Es indudable que ya retomaremos el trabajo el próximo año”, manifestó
en diálogo con la Agencia Andina.
Para Jorge Castro, la investigación fiscal a los empresarios
mencionados y la reciente solicitud de prisión preventiva en su contra debió
adoptarse a inicios de este año, como lo venía exigiendo la comisión Lava Jato.
Sin embargo, consideró que, en este caso, “más vale tarde que nunca”.
El equipo especial del Ministerio Público pidió al Poder
Judicial que ordene la prisión preventiva por 18 meses contra cinco directivos
de estas compañías peruanas que formaron consorcios con la constructora
Odebrecht en la citada obra, por la que se habrían pagado presuntos sobornos.
Dicha solicitud de prisión involucra a Fernando Gonzalo
Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey, Hernando
Alejandro Graña Acuña y José Alejandro Graña Miró Quesada, representantes de
las empresas mencionadas.
“El Ministerio Público ahora quiere ponerse las pilas y
estar a un paso de nosotros, cuando en la comisión levantamos esa misma bandera
desde enero y febrero de este año”, indicó el parlamentario de izquierda.
Según Jorge Castro, legislador de las filas del Frente
Amplio, la medida restrictiva contra los directivos de las citadas compañías
debería ser complementada con una orden de levantamiento del secreto bancario,
tributario y del secreto de las comunicaciones.
Medida extemporánea
Por su parte, la congresista independiente, Yeni Vilcatoma,
consideró que incluir a estas personas en las pesquisas y pedir que se les
imponga prisión preventiva es una medida “extemporánea”, pues debió adoptarse
“hace mucho tiempo” por su supuesta vinculación con actos de corrupción.
“Graña y Montero, por ejemplo, ha cometido actos de
obstaculización al haber realizado su propia auditoría para limpiarse de
pruebas para que el fiscal, cuando ingrese, ya no encuentre nada. Esto podría
hacer que el juez declare fundado el pedido de la Fiscalía”, comentó.
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