“Las
resoluciones de los organismos internacionales, de los cuales el Perú es
integrante voluntario, tienen que ser acatadas sean a favor o en contra de
determinadas posiciones. Espero que el Gobierno y el Congreso la
respalden”, manifestó.
En ese
sentido, sostuvo que el país daría un mensaje negativo que
afectaría su imagen a nivel internacional si se niega a acatar la resolución de
la Corte IDH.
Asimismo, la
legisladora afirmó que el fallo de la Corte,
es en defensa de la independencia de la institucionalidad del país y del Tribunal
Constitucional, en particular.
"Estimo
que serán las autoridades judiciales las que determinen el fondo del proceso
sobre las responsabilidades atribuidas a un grupo de marinos en el debelamiento
de los sucesos del penal El Frontón,
ocurrido en 1986", agregó.
El pasado
jueves 9 de febrero, la Corte IDH dispuso el archivamiento del procedimiento
seguido contra los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda
Canales, Marianella Ledesma Narváez y Carlos Ramos Núñez.
El fallo de
la Corte IDH, sobre el caso Durand
y Ugarte vs. Perú, ratificó la resolución que emitió el 17 de
diciembre del 2017 al respecto y requirió al Estado peruano que se archive el
proceso, a fin de garantizar el derecho de las víctimas a obtener un acceso a
la justicia sin interferencia en la independencia judicial.
Los cuatro
magistrados del TC fueron denunciados por once miembros de la Marina de
Guerra en situación de retiro bajo el argumento de que cambiaron la
orientación de uno de los votos (del exmagistrado Juan Vergara) de
una sentencia del 2013, según la cual, en la intervención contra el motín del
penal El Frontón, en 1986, no hubo delitos de lesa humanidad.
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