El abogado
del Instituto de Defensa Legal (IDL) refirió que el organismo interamericano emitió una resolución ante una
denuncia sobre una grave arbitrariedad que estaba cometiendo el Congreso,
contra los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda, Marianella
Ledesma y Carlos Ramos.
“Hay una
obligación de cumplimiento en términos absolutos. Lo único que queda
es que el Congreso acate como órgano del Estado”, dijo en RPP.
Rivera
explicó que la Corte IDH consideró
que existía una amenaza indebida, así como una ruptura evidente a los aparatos
de justicia del país, “ante un espíritu de amedrentamiento”.
“La Corte si
considera la existencia de una acusación constitucional, que podría implicar la
destitución y la inhabilitación de uno de sus magistrados en realidad
significa, sin ningún tipo de duda, de una amenaza contra el ejercicio
de la independencia del sistema de justicia”, indicó.
Asimismo,
sostuvo que este fallo emitido por la corte interamericana “tendrá
consecuencias sobre el juzgamiento que existe sobre los hechos ocurridos
durante el debelamiento de El Frontón”.
Por esta
razón, refirió que el Estado peruano debe cumplir con el fallo emitido
por la Corte IDH, porque no puede ponerse en la misma línea de naciones que
no cumplen con sus decisiones, como el caso de Venezuela.
Además,
agregó que el Perú es uno de los pocos países en América Latina que
cuentan con una ley de ejecución de sentencias internacionales, dada por el
propio Congreso de la República.
“Sería bueno
que (los congresistas) vean que si hay un procedimiento de ejecución de
sentencias internacionales. También hay un marco normativo interno que
establece que, en estados democráticos, como el peruano, se cumplen las
sentencias de los juzgados internacionales”, acotó.
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