- Por mentir en su hoja de vida al JNE
La última ha sido la congresista fujimorista Betty
Ananculí, quien es acusada por la Fiscalía del presunto delito contra la
administración pública. Se presentó como egresada de la especialidad de
Administración de Negocios Internacionales sin serlo. Y ninguno de los
profesores que firman sus registros de notas la recuerda, según reveló Cuarto
Poder.
Pero Anánculi no es la
única en Fuerza Popular que ha mentido en su hoja de vida al Jurado
Nacional de Elecciones (JNE). Son siete hasta ahora los
legisladores de la bancada que controla el Congreso que están bajo
investigación por certificados y títulos falsos. Por ejemplo, está el
caso de Esther Saavedra, a quien el JNE le detectó
incongruencias en los datos que consignó sobre sus estudios de primaria.
El fujimorista Moisés Mamani —sí,
el de los kenjivideos— también mintió sobre sus estudios primarios y
secundarios. Pero el caso de Yesenia Ponce es quizá el más escandaloso y mediático. Ella lo
niega todo y ha sido blindada por Fuerza Popular reiteradas
veces en el Congreso pese a las evidencias, al igual que el resto de sus
colegas en aprietos.
Incluso, Anánculi logró
paralizar el caso apelando a su inmunidad parlamentaria, luego
que el Poder Judicial anuló todo lo actuado a pesar de las pruebas, pero
la fiscalía planea presentar un recurso de apelación.
El “modus operandi” de
la citada congresista fujimorista no es nuevo, explica el analista Carlos
Monge. "Se presentan con una hoja de vida con
información falsa, la entregan a las autoridades electorales, engañan a la
opinión pública y cuando ganan, inmediatamente están protegidos por la
inmunidad parlamentaria", explicó.
¿Qué hacer?
Modificar las normas para que cualquier
congresista que presentó información falsa en su hoja de vida sea expulsado del
Parlamento, en el acto. De esa forma, explica Monge, las dirigencias
o cúpulas de los partidos pondrían más cuidado al momento de seleccionar a
quién llevan al Congreso.
Ese es el problema de fondo. Por ejemplo, en Fuerza
Popular se privilegió a todas luces los aportes de dinero y la capacidad
de atraer votos en la campaña antes que la honestidad de sus candidatos al
Congreso."Acá existen
organizaciones dirigidas por caudillos que también deciden a quién incorporan
en función de los recursos que pueden aportar a la campaña", explicó
el también analista David Sulmont.
Ese parece ser el caso de la congresista fujimorista Maritza
García, quien renunció de la bancada naranja junto con Kenji y otros 10
legisladores de su bloque. A ella la Universidad Nacional de Piura le quitó el
título de abogada y los grados de bachiller y magíster porque los certificados
de estudios escolares que presentó eran falsos.
A García la invitó a postular la coordinadora regional de Fuerza
Popular en Piura y en Lima supuestamente evaluaron. "Me
citaron para preguntarme por mi bolsón electoral. Me preguntaron si era
conocida, dónde creía que podría obtener votos. Dije en qué pueblos la gente
votaría por mí. Yo no era del partido", contó la misma legisladora.
Está también el caso del congresista de Fuerza Popular Elard
Melgar, a quien la Universidad Nacional José Faustino Sánchez
Carrión, de Huacho, le anuló el título de abogado, luego de ser acusado de
plagiar su tesis profesional. Pero la Comisión de Ética parlamentaria, que
controla el fujimorismo, desestimó la denuncia el 3 de abril, porque a que el
denunciante retiró la acusación.
Y finalmente está el caso
de su colega de bancada Lucio Ávila, quien
obtuvo grados en dos universidades con el mismo trabajo de investigación.
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