A este grupo parlamentario
han rendido cuentas los legisladores Betty
Ananculí, Richard Arce, Luis Yica, Marita Herrera, Jorge Castro, Dalmiro
Palomino y Yesenia Ponce. Todos ellos, por aparentemente haber falseado
estudios u omitido información educativa, laboral o hasta judicial en sus hojas
de vida. No obstante, lograron imponerse frente a las posibles sanciones que
esta comisión dispone. Y aquí cabe señalar algo, no existe hasta, la fecha, desafuero,
suspensión o amonestación alguna por estas faltas que son, cuanto menos,
graves.
Y el caso estelar que
probablemente más indignación ha causado es el de la congresista Yesenia Ponce, quien no solamente ha
captado especial atención de los medios sino de la misma comisión de Ética: en
lo que va del quinquenio su expediente ha sido revisado en por lo menos veinte
actas, es decir, veinte sesiones. Y para quien no lo recuerde del todo, su caso
tiene que ver con que existen pruebas bastante contundentes de que la
fujimorista habría falseado sus estudios de cuarto y quinto de secundaria, y
presuntamente sobornado al director de su colegio para que certifique haber
culminado exitosamente ambos grados. Gracias al periodismo se ha podido saber
que el certificado contiene nombres de “estudiantes”
que nunca existieron y “profesores”
que jamás han ejercido la docencia…
¿Por
qué Yesenia Ponce sigue todavía en el Congreso y no ha sido desaforada o,
aunque sea, sancionada? La parlamentaria parece haber tenido
algo más que suerte, ya que en muchas oportunidades se recomendó archivar la
denuncia o simplemente dejarla en sucesivas pausas para que, quizá, el tiempo
permita que se olvide. Ya en las últimas, sus colegas de bancada (Juan Carlos
Gonzáles, Úrsula Letona y Milagros Takayama), lograron sellar el archivamiento
a pesar de la consistencia de las pruebas que le pesan en su contra.
Pero, sobre Ponce pesa otra
acusación que va más allá del falseo de información. En mayo de 2017, se salvó
de una suspensión de 120 días por haber incurrido en abuso de autoridad y
usurpación de funciones por irrumpir en una sesión del consejo regional de
Ancash. La prueba irrefutable se puede visualizar en cualquier red social, pero
a los 87 congresistas que votaron en contra de la suspensión, no les pareció lo
suficientemente grave como para tomar una decisión enérgica.
Así, las decisiones que viene
tomando el Legislativo marcan un precedente negativo por el mal ejercicio de la
justicia y el manejo arbitrario de lo que significa la idoneidad del
funcionario público. El Código de Ética Parlamentaria se hizo justamente para
establecer las normas de conducta de los congresistas y preservar así la imagen
que este poder del Estado debe tener ante el país, es decir, la de garantizar
la transparencia y el comportamiento de sus integrantes. Sin embargo, a la hora
de la hora, tal documento parece haber sido escrito en vano, dada la cantidad
de denuncias declaradas improcedentes.
Cuando muchos ciudadanos
reclamaron en días recientes el cierre del Congreso, bajo el slogan “que se vayan todos”, se hacía notar no
precisamente un espíritu puramente pasional, sino más bien la indignación de
saber que nuestros impuestos mantienen a un grupo de otorongos que
verdaderamente comen otorongos. Caso contrario, Yesenia Ponce debe ser
desaforada cuando antes. El congreso tiene los argumentos suficientes y ya ha
pasado demasiado tiempo de impunidad.
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