Según dicha iniciativa
legislativa, el voto electrónico es una herramienta poco amigable, genera
dificultades al momento del sufragio e induce al error a la población, sobre
todo a la de los sectores más vulnerables.
También refiere que "está
expuesto a que algunas personas con dominio de las herramientas electrónicas
vulneren los sistemas informáticos y alteren los resultados de las elecciones".
El voto electrónico,
recuerda Alcorta en su proyecto, se aplicó en 19 distritos en los comicios
generales de 2016 frente a la desconfianza expresada por los partidos
políticos.
Asimismo, refirió que en ese
contexto se reunió con el entonces jefe de la ONPE, Mariano
Cucho, para una simulación del voto electrónico, en la cual
constató las dificultades del sistema.
De igual modo, argumentó que
la jefa de la misión de observadores de la Unión, Europea, Renate
Weber, no estaba de acuerdo con el voto electrónico "por
el complicado y sensible manejo del sistema".
Adicionalmente, como
sustento, mencionó haber sido testigo del proceso electoral en Venezuela,
en el que se aplicó dicha forma de votación y que evidenció "una grosera
manipulación" de los votos.
Para Alcorta, eliminar el
voto electrónico favorecerá a la población de todos los segmentos sociales,
especialmente a la más vulnerable, ya que tendrán una "votación más
amigable, simple y sencilla".
Además, considera que se evitará
que la libre elección de los ciudadanos se vea vulnerada o violentada por
el accionar de personas con dominio de herramientas electrónicas que trasgredan
el sistema informático.
Bajo esa premisa, estima que
garantizará el secreto y confidencialidad de la votación emitida y que los
personeros de los partidos podrán cumplir su rol fiscalizador, asegurando que
la voluntad ciudadana se vea reflejada en los resultados.
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