Estas son los hechos por los
cuales la exalcaldesa de Lima y el exgerente municipal, José
Miguel Castro, son investigados por los presuntos delitos de
cohecho pasivo propio y lavado de activos en agravio del Estado.
Los
hechos
La Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios asegura que,
una vez convocado el proceso de revocatoria, José Miguel Castro se
habría comunicado con Jorge Barata,
exrepresentante de Odebrecht en el
Perú, para convocarlo a la Municipalidad de Lima, en la cual le pidió un apoyo
económico de 3 millones de dólares.
Luego, según la Fiscalía,
Barata habría recibido una llamada telefónica de la propia Susana Villarán, quien le reiteró el pedido de
apoyo económico, argumentando que el dinero sería usado en la campaña en contra
de la revocatoria.
Barata sostiene
que accedió al pedido porque Odebrecht tenía diversos intereses en la
Municipalidad de Lima, como la obra en ejecución Rutas de Lima. Consideraba que
un cambio de alcalde podría perjudicar los intereses de su empresa.
José
Miguel Castro habría pedido a Barata que un millón de
dólares sea depositado en diferentes cuentas y entregado en efectivo en el
país, mientras que dos millones de dólares serían entregados al publicistaValdemir
Garreta para el pago a Luis Favre, el
encargado de la campaña.
El dinero entregado a la
campaña del No, de acuerdo a las investigaciones, habría salido de la División
de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, una contabilidad paralela que
mantenía la constructora para el pago de coimas.
Garreta confirmó
a la Fiscalía haber recibido de Odebrecht dos
millones de dólares, pero adicionalmente dijo que recibió un millón de dólares
de la empresa OAS, que tenía en ejecución la obra Vía Parque Rímac con la
Municipalidad de Lima.
Las
imputaciones
La Fiscalía acusa a
Villarán de haber recibido dinero de las empresas Odebrecht o OAS para
la campaña del No, a cambio de “hipotecar su voluntad” y favorecerlas en las
obras que tenían en la Municipalidad de Lima.
A José
Miguel Castro le imputa haber solicitado y recibido dinero
de OAS y Odebrecht para financiar la campaña que le daría continuidad a la
gestión que lo puso en el cargo, y de haber incumplidos sus obligaciones como
gerente municipal.
La Fiscalía sostiene que
para esconder estos aportes, se habrían consignado en la rendición de cuentas
de la campaña donantes inexistentes y el nombre de personas que negaron haber
entregado donaciones.
Marco Antonio Zevallos,
responsable legal de la campaña de No, declaró ante el Jurado Nacional de
Elecciones que la campaña en contra de la revocatoria tuvo ingresos por 1
millón 614,321.50 soles y gastos por 1 millón 612,322 soles.
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