Fue una
operación llevada con máximo secreto en un medio adicto a las filtraciones. De
acuerdo con lo que IDL-Reporteros ha podido averiguar, las
deliberaciones que llevaron a las órdenes de detención preliminar de Keiko
Fujimori y otras diecinueve personas tuvieron un grupo muy pequeño de
participantes: el propio juez Richard Concepción Carhuancho; el fiscal superior
Rafael Vela y el fiscal encargado de la investigación, José Domingo Pérez,
además de unos pocos fiscales de confianza que trabajan con este.
El secreto
se manejó con tanto cuidado operativo, que los dos fiscales principales
programaron cortos viajes ese día. Rafael Vela fue al aeropuerto para salir a
Iquitos y José Domingo Pérez viajó a Ciudad de México, invitado, según
información confiable de IDL-Reporteros, por el gobierno Federal de
ese país a dictar una conferencia sobre la lucha anti-corrupción.
Los jefes
policiales a cargo de efectuar las detenciones fueron notificados poco tiempo
antes de llevar a cabo la medida. En el Ministerio Público, el fiscal de la
Nación, Pedro Chávarry, supo lo que pasaba a través de los medios de comunicación.
No está claro cómo reaccionó, pero cuando el fiscal Rafael Vela canceló su
vuelo a Iquitos (por razones personales) fue convocado de urgencia por Chávarry
a su despacho. Fue tal la premura que Vela llegó vestido con el buzo deportivo
con el que iba a viajar.
A tenor de
lo que IDL-Reporteros ha podido averiguar, la conversación
entre Pedro Chávarry y Rafael Vela fue más bien sosegada. Con calma (quizá con
resignación), Chávarry le dijo a Vela que él había confiado siempre en la
capacidad profesional del equipo de fiscales anti-corrupción liderados por
este, desde antes de nombrarlos al cargo. Escuchó las someras explicaciones de
Vela y lo despidió luego con tranquilidad. No hubo censuras ni recriminaciones.
¿Sobre qué base emitió el juez Concepción Carhuancho
las resoluciones de detención preventiva?
IDL-Reporteros ha
conseguido el documento fiscal que resultó determinante para la decisión del
juez.
Se trata de
la Disposición Nº 72, del 3 de setiembre de este año suscrita por el fiscal
José Domingo Pérez Gómez sobre el “Caso SGF 506015704-2017-55-0”, para la
“Ampliación de Diligencias Preliminares”.
Es un
documento de 67 páginas de apretada redacción factual, que muestra y analiza
los hechos declarados, los encontrados y los contradictorios sobre la financiación
de la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011.
Disposición Fiscal Nº 72 by on Scribd
El ámbito de
los hechos declarados está en la primera parte del documento. Ahí resalta la
contradicción entre las confesiones realizadas por los principales ejecutivos
de Odebrecht – Marcelo Odebrecht y Jorge Barata principalmente– sobre los
aportes ocultos, con dinero ilegal, a esa campaña, por más de un millón 200 mil
dólares. En contrapunto se describe en detalle las planillas (incluyendo las
rectificadas y subsanadas) con las que los tesoreros y los encargados de las
finanzas de la campaña buscaron explicar esos aportes.
Luego de la
exposición larga y ordenada de los hechos, incluyendo las declaraciones de
personas que figuran en las planillas de donantes y que niegan haber hecho los
aportes que figuran bajo sus nombres, la conclusión del documento se da en las
últimas cuatro páginas, donde el fiscal Pérez Gómez indica en los muchos casos
en los que se presenta como aportes reales los hechos “en varios depósitos, es
decir, montos fraccionados, y, que hayan sido depositados diversos montos
supuestamente por diversas personas, pero el mismo día y el mismo monto, misma
agencia, nos permite inferir que se habría utilizado de esta forma el ingreso
de dinero conocida como “Pitufeo”. […] En suma, se tienen los siguientes
supuestos:
- Aportes
fraccionados o “pitufeados”;
– Aportes
negados por sus aportantes;
– Aportes no
sustentados la procedencia de dinero [sic];
– Aportantes
sin capacidad económica”.
Luego de
listar otras evidencias y elementos de juicio, el fiscal afirma que “Estas
circunstancias reseñadas nos permiten determinar que los otros Quinientos mil
Dólares que Jorge Henrique Simoes Barata habría entregado a favor de Fuerza
2011 en el transcurso del año 2011, habría sido ingresado o filtrado dentro de
los
S/. 17, 450,753.93 soles que se ha informado a la ONPE como ingresos
del Partido Fuerza 2011”.
Sobre esa
base, el fiscal Pérez Gómez resolvió:
Iniciar
investigación preliminar contra varios de los aportantes del presunto “pitufeo”;
Tomar las declaraciones a varios de los
implicados en las declaraciones presuntamente falsas sobre la financiación de
la campaña’, y a los representantes de compañías involucradas;
Interrogar a
Keiko Fujimori.
Además de la
Disposición Nº 72, el juez Concepción Carhuancho tuvo, según su resolución,
informaciones concomitantes de otras investigaciones, en especial el informe de
la fiscal Sandra Castro sobre la relación de Fuerza Popular (la ex Fuerza 2011)
con el hoy destituido, desaforado y procesado exmagistrado César Hinostroza
Pariachi.
Y así, en
los hechos, volvieron a encontrarse las investigaciones de Lava Juez y Lava
Jato en las medidas tomadas hoy.
A partir de
este momento, habrá, sin duda, una enérgica campaña de apelaciones por parte de
la defensa de Keiko Fujimori y Fuerza Popular; pero lo más probable es que la
investigación fiscal prosiga con fuerza la próxima semana en un escenario que
ha pasado por niveles extraordinarios de cambios, suertes y destinos,
excepcionales hasta para Lima, la capital de la sorpresa
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