Las acusaciones que pesan sobre el congresista de Fuerza popular
ameritan que se lo investigue exhaustivamente.
(ElComercio) El programa “Cuarto poder” reveló el testimonio de la empresaria Mirtha Gonzales Yep, quien acusa al congresista Héctor Becerril de haber recibido sobornos para que este intercediera a favor de la empresa Constructora CRD en la que ella se desempeñaba como consultora comercial en Chiclayo. De acuerdo con Gonzales, quien está involucrada en las investigaciones del Caso Los Temerarios del Crimen, ella compró materiales valorizados en más de 74 mil soles para remodelar la casa del legislador de Fuerza Popular, con el fin –según su versión– de que la referida compañía se mantuviera a cargo de la planta de tratamiento de residuos sólidos en la ciudad norteña.
Este testimonio llega en el marco de las
investigaciones que conduce el fiscal Juan Carrasco y que involucran, entre
otras personas, al parlamentario Becerril, a sus hermanos y al ex
alcalde de Chiclayo David Cornejo, quien está purgando 36 meses de prisión
preventiva. Este último, además, en su declaración a la fiscalía, afirmó que el
señor Becerril participó en el señalado esquema de coimas con
su hermano Wilfredo Segundo como facilitador, versión que coincide con las
declaraciones de Mirtha Gonzales.
Cabe
recordar, además, el reportaje difundido por “Panorama” en abril del 2018, en el cual el alcalde de Aucallama
(Huaral) aseguró que el señor Becerril habría intentado fungir
como mediador para que el municipio le pagara una deuda de S/300 mil a Red
Medical Dental & Business, empresa en la que trabaja el hermano del
congresista, Wilfredo Becerril. Situación que delata que existe un patrón en
los cuestionamientos al legislador.
Está
claro que la acumulación de controversias no supone por sí misma la
culpabilidad del cuestionado, pero sí entraña un peso que debilita las
estructuras de la institución que lo alberga. Esto último harían bien en
advertirlo los congresistas que, como han mostrado en ocasiones anteriores, les
atribuyen mayor importancia a las alianzas políticas que a ejercer sus
responsabilidades.
En ese
sentido, vienen a la mente casos como el del congresista Edwin Donayre, quien,
incluso cuando pesa sobre él una sentencia a cinco años y seis meses de prisión
por el Caso ‘Gasolinazo’, aún
es protegido gracias a la renuencia de sus pares de Fuerza
Popular a levantarle la inmunidad parlamentaria, a pesar de ser una orden del Poder
Judicial.
En esa
línea, el interés de la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, por conducir “una investigación profunda” sobre
el caso del señor Becerril resulta positivo. Sin embargo, más
importante será la voluntad de los congresistas para permitir que el proceso de
indagación se lleve a cabo sin obstáculos propiciados por los correligionarios
del investigado, incluyendo aquellos congresistas que pretendan sacarle
provecho a la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria.
Con el
caso del señor Héctor Becerril, el Congreso de la República tendrá
una nueva oportunidad para mostrarle a la ciudadanía una cara diferente a la
que ha venido mostrando en los últimos años. Una que privilegie los principios
democráticos por encima de las consideraciones políticas. No obstante, si nos
basamos en el comportamiento que han exhibido en ocasiones anteriores, las
posibilidades de que esto ocurra son, más bien, remotas.
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