(DiarioUNO) La atroz muerte por asfixia y
quemaduras de 17 pasajeros –entre ellos cuatro niños– que iban a viajar a
Chiclayo en una unidad de la empresa Sajy Bus, que estalló en llamas cuando se
encontraba en el paradero informal de Fiori, no es más que la punta del iceberg
de la precariedad con la que operan la mayoría de empresas del transporte
interprovincial en nuestro país.
Aunque todavía se desconocen las
causas del siniestro porque las investigaciones recién empiezan, es indignante
la pasividad de las autoridades municipales para controlar que se cumplan las
normas más elementales de seguridad, tratándose de muchas vidas humanas en
juego. Para nadie es un secreto la forma en que trabajan estas empresas. Las
abultadas estadísticas de accidentes con muertos y heridos así lo demuestran.
En declaraciones a la
radioemisora RPP, el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, ha dicho
que el local donde ardió el bus con sus pasajeros en el interior, fue
clausurado hace algunas semanas en un operativo con la Policía Nacional y
personal de Osinergmin. Bien, pero si intervino Osinergmin es que había un
manejo de combustible de forma irregular, por decir lo menos.
A ello se suman las declaraciones
a Canal N, de un sobreviviente quien dijo que en el bus se percibía un olor a
gasolina. Además, el bombero Jorge Vera dijo a la televisión que el cuadro que
se vio dentro del bus no podría haber ocurrido sin la presencia de un líquido
altamente inflamable en el lugar. No obstante, la empresa ha negado que el bus
transportara combustible.
Eso lo dirán las investigaciones
a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional. Sin embargo, el problema
va más allá. Por un lado, autoridades que no controlan; de otro, empresas que
no cumplen reglamentos y choferes que salen con sus unidades de los terminales
y usan ese tipo de paraderos informales para recoger más pasajeros.¿Y quién
defiende la vida de los miles de pasajeros que diariamente hace uso del
transporte interprovincial?
Aquí tiene que haber una
investigación hasta las últimas consecuencias. Pero, también, las autoridades
del Ministerio de Transportes, de los municipios, de Sutran y la Policía
Nacional, deben cumplir con su deber de fiscalizar para que esta penosa
tragedia que ahora enluta varios hogares peruanos no se repita. Basta ya de
indiferencia. Basta ya de informalidad, cuando están de por medio vidas
humanas. No conviertan los buses interprovinciales en ataúdes con ruedas.
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