“De aprobarse los proyectos del gobierno tal cual están, por lo menos en
algunos casos, empeorarían el sistema político”.
(ElComercio) El intento del gobierno de provocar al Congreso, lograr un rechazo a la cuestión de confianza y disolverlo, fracasó. Predominó, no una estrategia política de los parlamentarios, sino el interés mayoritario de mantener sus puestos por dos años más.
Se
frustraron también los intereses de aquellos congresistas que pretendían la
disolución para intentar reelegirse en el 2021 y los de los grupos de izquierda
que, por lo menos declarativamente, propiciaban la clausura para ahondar la
crisis política e intentar que se convoque, no a una nueva elección congresal,
sino a una asamblea constituyente que cambie las reglas del juego y vuelva al
país al fracasado estatismo de los años 70.
Naturalmente,
el gobierno sigue blandiendo la espada de Damocles: si no aprueban al pie de la
letra sus proyectos en los plazos perentorios que ha fijado, puede dar por no
aprobada la cuestión de confianza y disolver el Congreso. Pero eso
es más que discutible.
Como
han explicado muchos especialistas, esa exigencia del presidente Martín Vizcarra está fuera de lugar. No se puede exigir a un Congreso que
haga lo que otro poder del Estado le ordena, para eso existe la separación de
poderes. Y la función principal del Parlamento es precisamente legislar.
Por
supuesto, el gobierno podría eventualmente pasar por encima de la Constitución,
las leyes y la lógica, y pretender clausurar el Congreso, pero su
decisión sería sin duda cuestionada, y posiblemente desacatada por la mayoría
de congresistas y se produciría una crisis mayor de impredecibles
consecuencias.
¿Se
atreverá Vizcarra a hacerlo? Si sus críticos más audaces
tienen fundamento, ¿su temor a las consecuencias de las investigaciones que
tiene pendientes es tan grande que arriesgará todo en una jugada peligrosa para
cambiar las reglas e intentar perpetuarse en el poder?
En
pocas semanas habrá respuestas a estas preguntas. Por el momento, uno de los
objetivos del gobierno se ha cumplido: injuriar, denigrar y poner en la picota
al detestado Congreso. Eso probablemente va a mejorar en algo la
aprobación en las encuestas sobre el presidente Vizcarra –frenando
su caída, por lo menos–, aunque ese recurso se va desgastando inevitablemente.
A menos, claro está, que proceda con el siguiente paso y lo disuelva.
Varias
de las propuestas de la reforma del gobierno
empeorarían el sistema político, como ya lo hizo con la no reelección de
congresistas. La desatinada idea de hacer elecciones internas de los partidos
no con la votación de sus militantes o, en todo caso, de los que deseen
hacerlo, sino obligando a votar a los 24 millones de ciudadanos, es una de las
peores. Una abrumadora mayoría no conoce a los que postularán en esas
elecciones ni les importa, pero decidirán sobre los candidatos. Y esas absurdas
“elecciones internas” –no son internas en realidad– serán vinculantes,
obligatorias.
Además,
si en las internas no vota el 1,5% de los electores –podrían ser unos 280.000–,
ese partido pierde la inscripción, desaparece legalmente.
También
hay otras propuestas discutibles, que casi nadie conoce. Por ejemplo, la
propaganda electoral en radio y televisión abierta, la más costosa de una campaña
electoral nacional, será pagada por el Estado con nuestros impuestos.
Estarán a disposición de los competidores entre 20 y 40 minutos diarios, según
las fechas, en todos los canales de TV y radios. En las elecciones municipales
y regionales esa franja electoral será gratuita. Evidentemente el gobierno no
habla de eso, porque no es popular decirles a los ciudadanos que ahora
financiarán la publicidad de los políticos.
Tampoco
se difunde el proyecto que aumenta el número de congresistas: dos representantes
de los peruanos en el extranjero y uno de los indígenas.
La
paridad y alternancia en las listas entre hombres y mujeres también parece una
mala idea.
En
suma, de aprobarse los proyectos del gobierno tal cual están, por lo menos en
algunos casos, empeorarían el sistema político. Pero esa es la menor de las
preocupaciones del gobierno. Lo que realmente le preocupa es la destrucción de
sus adversarios políticos y el control total de la fiscalía.
Otrosí
digo. Culpar a los venezolanos de la inseguridad ciudadana es el más
reciente invento del gobierno para tratar de justificar su incapacidad para
resolver un problema que inquieta a los peruanos. La xenofobia siempre es
políticamente rentable y fácil de utilizar, aunque es un recurso perverso y
canallesco que castiga a miles de venezolanos honestos y trabajadores. La
coalición vizcarrista calla y justifica.
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