* Fiscal de Lavado de Activos requirió información por presunta colusión en el alquiler de compactadoras con empresa.
* Despacho de Lima
exige a fiscal de Lambayeque, Karim Ninaquispe, enviar resultados de las
pesquisas en el sonado caso Veolia.
El tercer
despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en
Delitos de Lavado de Activos dispuso investigar al exalcalde de la
Municipalidad Provincial de Chiclayo Marco Gasco Arrobas y, a sus ex
funcionarios por el presunto delito de Lavado de Activos en agravio del Estado
y Municipalidad Provincial de Chiclayo.
El fiscal Miguel
Salvatierra Ríos investiga al exalcalde de Chiclayo y otros por el mencionado
delito. Los hechos en indagación se encuentran en la carpeta fiscal N°96-2019.
El ultimo 6 de
noviembre de 2023, el fiscal adjunto provincial Salvatierra Ríos, mediante
oficio N°3765-2023 solicito a la fiscal anticorrupción de Lambayeque Karim
Ninaquispe, remitir de manera urgente las copias certificadas del proceso
seguido contra Marco Gasco Arrobas, Adriana Ghersi Burga, Edgar Seden Ortega,
Ralph Montoya Vega, y otros.
Cabe indicar que las mencionadas personas fueron exfuncionarios de Gasco a excepción de Montoya Vega que fue representante de la empresa Veolia.
CARPETA FISCAL
N°156-2019
Los hechos
investigados se basan en que, en abril del 2019, Marco Gasco y sus funcionarios
plantearon un supuesto desabastecimiento que afectaría el recojo de los
residuos sólidos. Después, la comuna suscribió un contrato por casi 2 millones
de soles con la empresa Veolia para que alquile 10 compactadoras para el
servicio de recojo de basura.
En el documento,
de fecha 25 de setiembre, se enfatiza que es necesario conocer los hechos del
sonado caso Veolia para esclarecer las imputaciones contra el exalcalde y parte
de los funcionarios de la MPCH, por supuestamente haber convertido dinero de procedencia
ilícita para la adquisición de bienes.
Pero el oficio N°4353-2023, de fecha 3 de noviembre, muestra que Ninaquispe no cumplió con el pedido de Salvatierra. En este último documento se enfatiza que la conducta de la magistrada estaría generando retardo procesal y que, si ella persiste en el incumplimiento, podría ser denunciada por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Son 12 los procesados por el caso Veolia.
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