En lo que ya se califica como uno de los mayores fiascos en
la historia reciente del Ministerio Público, la denominada "mega
investigación" del caso "Los Cuellos Blancos del Puerto"
ha llegado a un punto de inflexión que deja al descubierto una preocupante
realidad: el uso de la justicia como un instrumento de hostigamiento político.
Tras años de
estridentes titulares y diligencias que prometían "limpiar" el
sistema judicial, la emisión de la Disposición № 30-2026 marca el cierre de un
capítulo que, más que legalidad, destila una clara intencionalidad de
persecución contra figuras clave de la política nacional, específicamente
contra los hermanos Humberto y César Acuña Peralta.
EL MITO DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL VS. LA REALIDAD
JURÍDICA
Durante casi una década, la narrativa fiscal intentó
vincular a los hermanos Acuña con una red de influencias ilícitas destinada a
manipular nombramientos en el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Según las tesis de los fiscales hoy cuestionados, Humberto
y César Acuña habrían intercedido ante el exconsejero Sergio Iván
Noguera Ramos para favorecer el nombramiento de Tomás Aladino Gálvez como
Fiscal Supremo.
Sin embargo, los hechos que hoy salen a la luz demuestran
que estas imputaciones se sostuvieron sobre castillos de naipes. La fiscalía
pretendió criminalizar gestiones y relaciones políticas que nunca cruzaron la
línea de lo delictivo, intentando forzar figuras penales como el cohecho activo
y el tráfico de influencias donde solo había actividad política legítima o, en
el peor de los casos, presunciones sin sustento probatorio.
LOS ACUÑA: LIBRES DE UNA PERSECUCIÓN POLÍTICA
Para César Acuña Peralta, líder de Alianza para el
Progreso, y su hermano Humberto Acuña, este desenlace no es solo una victoria
legal, sino la confirmación de lo que siempre denunciaron: una cacería de
brujas judicial. La fiscalía intentó argumentar que el apoyo de los Acuña a la
campaña de Iván Noguera para el CNM fue una "contraprestación" por
favores judiciales.
Este razonamiento, que pretendía criminalizar el apoyo
político de las universidades privadas a sus representantes, ha sido finalmente
desechado ante la falta de evidencias de un acuerdo ilícito. Los hermanos Acuña
quedan hoy libres de un proceso que buscaba, más que una sentencia, el desgaste
de su imagen pública y la desestabilización de su plataforma política.
Sobre este punto, la defensa legal de Alianza Para el
Progreso (APP), encabezada por el abogado Luis García Vásquez, ha
sostenido que las imputaciones carecían de una base mínima de sospecha
criminal. En ese sentido, la defensa ha enfatizado que no existió ningún
acuerdo de voluntades ilícito ni beneficios indebidos, subrayando que las
reuniones mencionadas en la investigación, lejos de ser conspiraciones,
formaban parte del ejercicio legítimo de representación institucional y
política que nunca debió ser judicializado de esta manera.
EL LEGADO DE LOS "MALOS FISCALES"
El fracaso de este caso pone en el banquillo de los
acusados a los propios fiscales que lideraron la investigación. Lo que comenzó
como un esfuerzo necesario por combatir la corrupción en el Poder Judicial
terminó convirtiéndose en una herramienta de persecución selectiva. El uso
abusivo de las carpetas fiscales —como la N.º 5020018600-2022-17-0— solo
sirvió para dilatar procesos que carecían de fondo.
La Disposición № 30-2026, firmada por la Fiscalía
Suprema Especializada, representa el reconocimiento implícito de que se
persiguió a ciudadanos sin las garantías mínimas, transformando el Ministerio
Público en un instrumento de presión política. Hoy, con el archivo de las investigaciones
contra los hermanos Acuña, el país asiste al fin de una era de "justicia
por titulares", donde el escándalo mediático pesaba más que el Código
Penal. El caso "Los Cuellos Blancos" se apaga no por falta de
delitos en el sistema, sino por la incapacidad de una fiscalía que prefirió el
protagonismo político a la eficiencia legal.
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