Mediante un comunicado, el CAL respondió al presidente de la
Comisión de Justicia del Congreso, Alberto de Belaunde, y a otros ciudadanos
que solicitaron la inhabilitación de la senderista, liberada el lunes tras
cumplir 25 años de cárcel por terrorismo.
El CAL detalló que, luego de revisar en sus archivos
institucionales, no se ha encontrado mandato judicial alguno que restrinja los
derechos de ejercicio profesional de Martha Huatay, ni sanción o procedimiento
ético alguno contra la senderista.
Sin perjuicio de ello, indicó que la responsabilidad ética
del abogado es independiente de la responsabilidad penal, y que no se encuentra
restringida solo a su ejercicio profesional como tal, sino que comprende
también las conductas de los agremiados que desprestigian la profesión.
“Más aún cuando se involucra en la participación de actos
delictivos y contrarios al Estado de Derecho, con grave violación de los
derechos humanos”, se menciona en el comunicado.
El CAL acordó solicitar a la Dirección de Ética Profesional
de la orden que investigue la posible responsabilidad disciplinaria en que
pudiera haber incurrido Martha Huatay, con respecto al debido proceso y
legalidad que debe caracterizar cualquier procedimiento sancionador.
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