Detalló que ese mecanismo
permitirá identificar a estos agresores y evitar que laboren en lugares como colegios en donde
estarán en contacto con niños.
“Es un sistema que ya se
aplica en países como Argentina, Chile, México, Brasil y Uruguay, entre otros
países, que lo busca es tener
identificados de forma plena a los condenados por delitos sexuales,
lo cual facilitaría la investigación y su
culpabilidad en otros ilícitos del mismo tipo que puedan cometer”,
comentó.
Indicó que este registro
de datos genéticos debe estar conformado por las personas que se encuentren
cumpliendo condenas por delitos contra la integridad sexual y que su correcto
funcionamiento debe estar supervisado por representantes de los ministerios de
Justicia, Salud y del Interior.
Afirmó que a esta especie
de lista negra podrán acceder policías, fiscales, jueces e entidades públicas
de protección de menores, a través de las cuales a éstas últimas podrán
consultar colegios públicos y privados y otros entes, para saber si quienes
pretenden acceder y ejercer profesiones, oficios y actividades en contacto
habitual con menores han sido condenados.
“Las huellas genéticas de
los agresores van a permitir que muchos
casos no queden impunes, mayor facilidad para resolverlos, asimismo para
alejarlos de nuestros niños", aseveró.
"Desde el Parlamento
Andino vamos a trabajar para que este sistema se implemente en los países que
integran nuestra institución. Ahora que hay intensa movilidad de personas un
sistema integrado permitiría saber si un migrante vecino tiene antecedentes de
este tipo”, acotó.
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