Las
cifras pagadas por asesorías por Odebrecht a Westfield Capital –compañía de PPK
constituida en un paraíso fiscal– fueron parcialmente abonadas mientras él
ejercía el cargo de ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros
de Toledo, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 126 de la
Constitución del Perú.
Esta
violación constitucional apareja un delito en la medida de su vinculación,
desde el cargo estatal que ejercía, con los proyectos que ejecutó la corrupta
empresa brasileña para el Estado peruano.
Y
arrastra a PPK en una mentira flagrante ya que tuvo el mal tino de negar
cualquier vinculación con Odebrecht en forma taxativa. Lo cual constituye su
actual talón de Aquiles.
Ya
en un wikileak publicado hace algunos años se daba cuenta de un informe del
embajador de Estados Unidos indicando que PPK era un lobista al servicio de
transnacionales mineras, lo cual es una actividad lícita en la medida en que no
apareje el uso del poder en beneficio propio.
Está
claro que Kuczynski ha gozado de un fuerte apoyo mediático en el crudo
escenario de corrupción sistémica que recién descubre el Perú después de 32
años, dos expresidentes presos, otro con orden de captura, un cuarto negándolo
todo cuando la mayor parte del país lo sindica como corrupto y la lideresa de
la mayoría parlamentaria señalada por la Fiscalía de la Nación como cabeza de
una presunta organización criminal.
La
impunidad ha sido la vieja y fiel compañera de quienes han cometido actos de
corrupción, durante todos estos años, con dinero del pueblo del Perú y nunca
imaginaron que ocurriría Lava Jato.
La
mayoría parlamentaria fujimorista requiere de algunos votos adicionales para
llegar a los 87 requeridos para declarar la vacancia presidencial prevista en
el artículo 113 de la Constitución por “permanente incapacidad
moral”, pero ha preferido exigir la renuncia de PPK, seguramente
por estrategia política en la medida de sus aspiraciones
electorales.
A
ello se suma que la propia Comisión Lava Jato está integrada mayoritariamente
por defensores de políticos acusados de corrupción que, hace unos días, se la
hicieron ligera a un García Pérez ya identificado por el propio Marcelo
Odebrecht a través de una relación familiar de varias generaciones.
Tenemos
que salvar al sistema democrático de los extremismos –también corruptos– y.
simultáneamente, a través del control popular sostenerlo frente al embate de la
corrupción sistémica que lo está devorando.
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