Según la investigación hecha durante nueve meses por la
Fiscalía, las empresas habrían sostenido reuniones periódicas para pactar la
distribución de las principales obras viales del país que eran ejecutadas por
Provías Nacional, entidad perteneciente al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC).
Estas juntas fueron reportadas por un colaborador eficaz y
posteriormente corroboradas por el Ministerio Público durante la investigación
realizada en el marco del caso de corrupción Lava Jato.
Los encuentros habrían contado con la presencia de
representantes de Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Graña y Montero, OAS,
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA, JJC, Obrainsa, Queiroz Galvao,
Cosapi y Málaga Hermanos, entre otras firmas investigadas por el presunto
delito de tráfico de influencias en agravio del Estado.
Los acuerdos pactados durante las reuniones habrían sido
puestos en conocimiento de Carlos Eugenio García Alcázar, único detenido
durante el allanamiento, quien se desempeñó como asesor del MTC del 2011 al
2014.
Precisamente, el Club de la Construcción habría operado
entre dicho periodo.
Allanamiento
El Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del
Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (SEDCF) dispuso
el allanamiento de 42 inmuebles en diversos distritos de Lima, por solicitud
del equipo especial del Ministerio Público.
Los inmuebles figuran a nombre de diversos investigados, y
están ubicados en los distritos de Santiago de Surco, San Borja, San Isidro,
Miraflores, Ate, La Molina y Cercado de Lima.
Con estas diligencias se tenía por objetivo encontrar bienes
e información de interés como documentos ("vouchers", contratos por
licitaciones públicas, contratos entre empresas, documentos vinculados a obras
requeridas mediante licitación pública, recibos por honorarios, facturas,
equipos informáticos, entre otros).
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