La razón del
surgimiento del Compliance deviene como parte de los requisitos para que Perú
pueda ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE).
Por
ello, se promulgó el año pasado una modificación a la Ley que
regula la Responsabilidad en las Personas Jurídicas para ampliar sus efectos a
los delitos de Cohecho Activo Genérico y Específico, Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo.
El
presidente del TPC Group, Carlos Vargas, indicó que el “tema relevante” en esta
nueva legislación anticorrupción es la adopción e implementación en las
empresas privadas y públicas, de un Protocolo de Prevención Anticorrupción
(Compliance).
“El
principal objetivo es eliminar la responsabilidad administrativa que le pueda
caber a esas empresas por los delitos de corrupción cometidos por sus socios,
directores, administradores de hecho o derecho, representantes legales,
apoderados y otros”, precisó.
Legislación en vigencia
Vargas
refirió que a partir del presente año, las empresas o entidades jurídicas
podrían ser incorporadas como parte de un proceso penal, si es que la
Fiscalía determina que la empresa no cuenta con su Compliance y Compliance
Officer (funcionario encargado de prácticas anticorrupción).
“En
Chile, México, España, Estados Unidos e Inglaterra rige esta legislación
anticorrupción y Perú se ha puesto al nivel de los países que utilizan estos
instrumentos jurídicos internacionales en materia de lucha contra la corrupción”,
destacó.
De otro
lado, Vargas indicó que el costo económico de la corrupción no es sólo el monto
sustraído al Tesoro Público, sino también la corrupción que pudiera haber en
sectores privados, lo cual enrarece la percepción que los inversionistas, sobre
todo los extranjeros, tienen acerca del ambiente para negocios.
TPC Group
refirió que según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo del 2017 el
costo de la corrupción en el Perú es de 12,600 millones de soles anuales, monto
que representa aproximadamente el 10% del presupuesto nacional.

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