La Contraloría precisó que
el pasado 9 de enero, el Pleno del Congreso
aprobó dicha norma legal por unanimidad, sin embargo, en el último día del
plazo para su publicación, el Ejecutivo decidió observarla.
“No promulgar esta
importante ley, aprobada con el absoluto consenso del Parlamento, implica un
retroceso en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional y posterga
innecesaria e ilógicamente el inicio del proceso de reestructuración
organizacional de la Contraloría y del Sistema Nacional de
Control”, señaló el contralor Nelson Shack.
Añadió que esta ley
constituye una herramienta legal para consolidar las políticas
de modernización y fortalecimiento institucional del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General,
para la lucha contra la inconducta funcional y la corrupción en el Estado.
En ese sentido, recordó que
la Contraloría inició
una serie de reuniones con todos los grupos políticos, bancadas parlamentarias
y funcionarios del gobierno para recibir los aportes y principales
preocupaciones sobre la materia y así consolidar lo que finalmente se
materializó en el proyecto de ley presentado.
“Al no promulgarse,
lamentablemente se tendrá que seguir siendo regulados y tratados por normas
obsoletas, cuya aplicación ya ha sido ampliamente superada por los actos de
inconducta funcional y corrupción que el país entero conoce y rechaza”,
advirtió.
La ley aprobada por el Congreso establece,
entre otros aspectos, el fortalecimiento de las acciones de
control, a fin de garantizar la supervisión, vigilancia y
verificación de la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de
los recursos y bienes de Estado.
Fortalece, además, el acceso
de la información y promueve la transparencia de los informes de control;
establece la potestad sancionadora de la Contraloría, autorizando que sea ésta
y no el Gobierno quien reglamente las conductas infractoras en materia de
responsabilidad administrativa funcional.
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