Así lo manifestó la Adjunta
para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeña
Vásquez, para quien, en este momento, no existen las
condiciones necesarias para que los menores puedan denunciar actos que los
dañan física o emocionalmente.
No se les cree o hay una
demora enorme en atender sus casos, advirtió la especialista a la agencia
Andina.
Refirió que el año pasado,
en los Centros
de Emergencia Mujer (CEM), se registraron más
de 6,000 casos de violencia sexual, teniendo a los niños y adolescentes como
la población más agredida del país.
Deben creerles
“Es importante que la
fiscalía intervenga inmediatamente y que además lo haga de forma rigurosa para
que no exista impunidad, que en las comisarías se atiendan los casos de
violencia contra la niñez con celeridad, que se crea a un niño cuando vaya a
hacer una denuncia y no se espere que vaya acompañado de un adulto”,
anotó.
Indicó que se debe trabajar
en el sistema de protección de los menores para que puedan acudir a las
comisarías a realizar sus denuncias, se les escuche y no sientan miedo de hacer
valer sus derechos.
Se trata de un trabajo
paralelo, explicó, que requiere mejorar los protocolos de
atención de los niños y adolescentes antes situaciones de abuso, a la par de
trabajar en su empoderamiento, para que sepan que son
sujetos de derechos y que el Estado está obligado a protegerlos.
“Ante un caso de agresión o
violación, todas las entidades dentro del sistema de atención a la infancia
tienen que cumplir su función, entre ellos también los gobiernos regionales y
locales. Estos últimos tienen que fortalecer
sus Demunas, que son el servicio
especializado más cerca al niño dentro de su localidad”, indicó.
La
Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) es
un servicio encargado de proteger y promover los derechos de los niños, y
adolescentes en la jurisdicción de la municipalidad. Desde 1997 está
considerada en la Ley Orgánica de Municipalidades como una función de los
gobiernos locales.
No tienen espacios privados
“Las Demunas no puede ser un
órgano decorativo, no puede estar ahí con personal mínimo que no está
capacitado. Fortalecerlas es un trabajo de los gobiernos locales”, agregó
Cobeña.
Señaló que la Defensoría del
Pueblo realizó una supervisión de las Demunas en el 2013, tras lo cual se
descubrió una serie de carencias y problemas que ameritan una intervención más
decidida de las municipalidades.
Se detectó, por ejemplo, que el
83% de ellas no posee salas especiales para niños y niñas, el 54% no cuenta con
un ambiente privado y el 45% no cuenta con baños dentro del local.
El informe puso en evidencia
también que el 33% de su personal no ha recibido capacitación de ningún tipo
para cumplir con sus funciones.
“Entonces si vas a la
oficina donde está todo el mundo y quieres contar un hecho de violencia, te vas
a retractar, no vas a tener la confianza para hacerlo porque los casos de
violencia no se cuentan de manera fácil. Es necesario además que las Demunas
cuente con ese personal multidisciplinario, no basta con
tener un abogado, es necesario tener un psicólogo”, subrayó.
En este momento hay
1, 264 en todo el país. La cifra indica que todavía hay
muchos gobiernos locales que no han implementado una en su
localidad.
“En cada distrito debería
haber una, para que cuando un niño o niña se sienta vulnerado, si decide no ir
a su comisaría, vaya a su Demuna, diga lo que le está pasando y ella actúe. Este
es un servicio especializado en la niñez que debe estar en funciones, si esto
no llegara a pasar deben avisar a la Defensoría del Pueblo”, alertó.
La experta dijo que, aunque el
presupuesto público destinado a la infancia ha crecido en los últimos años, es
insuficiente para atender todas las demandas que existen alrededor de ella y
que es urgente trabajar en espacios, como las Demunas o comisarías, donde la
palabra de los menores sea escuchada y atendida de inmediato, como ocurre en
otros lugares del mundo.
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