Explicó que, sin la publicidad en
los medios privados, el Estado solo podría difundir sus obras y acciones a
través de los medios de comunicación estatales, cuyo alcance es limitado; o por
medio de las redes sociales, aún ausentes en las zonas alejadas que carecen de
acceso a internet.
“El poder del Estado emana
del pueblo, y el pueblo tiene que saber qué hacen sus autoridades, pero si esta ley limita
al Estado y restringe que el pueblo conozca lo que realiza, es una forma de
'cercenar' al Estado la posibilidad de informar a quien le ha
otorgado el poder”, subrayó.
Para César
Landa, ex magistrado del Tribunal Constitucional, aprobar esta
iniciativa de ley sería un acto discriminatorio y vulneraría el derecho de las
poblaciones que viven en las zonas más alejadas de la tecnología.
Además, comentó que los
medios escritos subsisten en gran medida con los ingresos que perciben por
concepto de publicidad estatal y privada, más
que por las ventas de su producto, de manera que esta norma podría poner en
peligro la sostenibilidad económica de los diarios y revistas.
“Pienso que la ‘ley Mulder’
es una ley abiertamente inconstitucional porque
no solo afecta el acceso a la información del público, sino que limita la
libertad de expresión de los medios, poniéndolos en una situación eventual de
riesgo financiero”, declaró el letrado a la Agencia Andina.
En ese sentido, César Landa consideró
saludable que esta iniciativa no haya sido aprobada por insistencia del
Congreso, y más bien fuera enviada para su debate en la Comisión de Transportes
y Comunicaciones, luego de las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo.
“En buena hora esta ley ha
sido observada por el Poder Ejecutivo y ha regresado al Congreso para buscar un
consenso sobre lo que es la publicidad estatal,
cuando los ciudadanos son, en estos casos, los receptores de la información del
Estado”, indicó el abogado constitucionalista.
Para el experto, este
proyecto de ley, aprobado en febrero por la Comisión
Permanente, también debería ser debatido en el ámbito la Comisión de
Constitución y Reglamento, por tratarse de un tema vinculado a las libertades
de expresión y de acceso a la información pública.
Este debate, añadió, debería
recoger de forma democrática los aportes y opiniones de especialistas y
entendidos en la materia, así como la voz de la propia sociedad civil.
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