(Andina) La licencia por paternidad, que hasta el momento es de cuatro días calendario consecutivo, será de diez para los trabajadores del sector público y privado, pero en caso que el recién nacido sea prematuro se extenderá por diez días más con remuneración.
Así lo
aprobó en forma unánime la Comisión de Mujer y Familia del Congreso, cuyas
integrantes consideraron que la medida contribuye a la integración de la familia y otorga un rol más
participante al hombre en el hogar.
El dictamen
también propone que si el hijo naciera con enfermedad degenerativa,
terminal o irreversible, el padre podrá tener una licencia con
remuneración de 30 días calendario consecutivo.
Empero, si
la madre falleciera durante el parto o mientras goza de la licencia por
maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad o la parte que reste del
período del permiso que le hubiera correspondido a la fallecida.
En otro
momento de la sesión de la mencionada Comisión, el grupo de trabajo
parlamentario aprobó, también en forma unánime, la propuesta legislativa que
plantea una ley de prevención y control para la protección de los
menores en viajes nacionales vía transporte público fluvial.
De esta
manera, se busca proteger la integridad de los niños regulando su
ingreso a estos medios de transporte, desde que se inicia el viaje, el mismo
que debe ser acompañados de sus padres o tutores.
La
legisladora Tamar Arimborgo Guerra señaló que en zonas de la selva, donde el
traslado es por vía fluvial, los explotadores laborales y sexuales utilizan
lanchas para movilizar a sus víctimas y que, por lo tanto, es necesario que
haya control en esas zonas, sobre todo donde se desarrollan actividades mineras
ilegales.
Esa fue la
razón para incorporar en la propuesta responsabilidades civiles y penales en
los transportistas y en los dueños de los medios de transporte que son más
identificables que los terrestres.
Otra
propuesta aprobada, de igual manera en forma unánime, fue la que busca la
aprobación de ley destinada a asegurar la atención y protección idónea de las
mujeres víctimas de violencia en las comisarías e implementa el Registro
Público de Condenados por Delitos de Violencia contra la Mujer.
En ese
sentido, plantea que los casos sean atendidos por personal policial femenino
debidamente capacitado.
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