A este grupo parlamentario
han rendido cuentas los legisladores Betty Ananculí, Richard Arce, Luis Yica,
Marita Herrera, Jorge Castro, Dalmiro Palomino y Yesenia Ponce. Todos ellos,
por aparentemente haber falseado estudios u omitido información educativa,
laboral o hasta judicial en sus hojas de vida. No obstante, lograron imponerse
frente a las posibles sanciones que esta comisión dispone. Y aquí cabe señalar
algo, no existe hasta, la fecha, desafuero, suspensión o amonestación alguna
por estas faltas que son, cuanto menos, graves.
Y el caso estelar que
probablemente más indignación ha causado es el de la congresista Yesenia Ponce,
quien no solamente ha captado especial atención de los medios sino de la misma
comisión de Ética: en lo que va del quinquenio su expediente ha sido revisado
en por lo menos veinte actas, es decir, veinte sesiones. Y para quien no lo
recuerde del todo, su caso tiene que ver con que existen pruebas bastante
contundentes de que la fujimorista habría falseado sus estudios de cuarto y
quinto de secundaria, y presuntamente sobornado al director de su colegio para
que certifique haber culminado exitosamente ambos grados. Gracias al periodismo
se ha podido saber que el certificado contiene nombres de “estudiantes” que nunca existieron y “profesores” que jamás han ejercido la docencia…
¿Por
qué Yesenia Ponce sigue todavía en el Congreso y no ha sido desaforada o,
aunque sea, sancionada? La parlamentaria parece haber tenido
algo más que suerte, ya que en muchas oportunidades se recomendó archivar la
denuncia o simplemente dejarla en sucesivas pausas para que, quizá, el tiempo
permita que se olvide. Ya en las últimas, sus colegas de bancada (Juan Carlos Gonzáles, Úrsula Letona y Milagros
Takayama), lograron sellar el archivamiento a pesar de la consistencia de
las pruebas que le pesan en su contra.
Pero, sobre Ponce pesa otra
acusación que va más allá del falseo de información. En mayo de 2017, se salvó
de una suspensión de 120 días por haber incurrido en abuso de autoridad y
usurpación de funciones por irrumpir en una sesión del consejo regional de
Ancash. La prueba irrefutable se puede visualizar en cualquier red social, pero
a los 87 congresistas que votaron en contra de la suspensión, no les pareció lo
suficientemente grave como para tomar una decisión enérgica.
Así, las decisiones que viene
tomando el Legislativo marcan un precedente negativo por el mal ejercicio de la
justicia y el manejo arbitrario de lo que significa la idoneidad del
funcionario público. El Código de Ética Parlamentaria se hizo justamente para
establecer las normas de conducta de los congresistas y preservar así la imagen
que este poder del Estado debe tener ante el país, es decir, la de garantizar
la transparencia y el comportamiento de sus integrantes. Sin embargo, a la hora
de la hora, tal documento parece haber sido escrito en vano, dada la cantidad
de denuncias declaradas improcedentes.
Cuando muchos ciudadanos
reclamaron en días recientes el cierre del Congreso, bajo el slogan “que se
vayan todos”, se hacía notar no precisamente un espíritu puramente pasional,
sino más bien la indignación de saber que nuestros impuestos mantienen a un
grupo de otorongos que verdaderamente comen otorongos. Caso contrario, Yesenia
Ponce debe ser desaforada cuando antes. El congreso tiene los argumentos
suficientes y ya ha pasado demasiado tiempo de impunidad.
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