Viajo a España, No tenía impedimento de salida
Ex directivo de Graña y Montero,
implicado en presuntos sobornos al expresidente Toledo y en el ‘Club de la
Construcción’, no tenía impedimento de salida del país.
(Expreso) Al
escándalo de la fuga del ex juez supremo César Hinostroza Pariachi a Madrid,
España, donde pidió asilo político, se suma ahora el viaje –al mismo país– del
investigado José
Alejandro Graña Miró Quesada, quien fuera el dueño de la constructora
Graña y Montero, la socia privilegiada de la constructora brasileña Odebrecht.
José Graña, como es
público, está comprendido en una investigación de los presuntos sobornos de US$
15 millones que la empresa Odebrecht y sus consorciadas nacionales pagaron al
expresidente Alejandro Toledo para la construcción de la obra de la
Interoceánica Sur, tramos 2 y 3
Ahora resulta que el
conspicuo miembro del llamado “Club de la Construcción” ha salido del país
porque cuando el 2 de abril de este año la Primera Sala Penal de Apelaciones
revocó la prisión preventiva por el caso antes citado, la resolución que lo
liberó de la cárcel solo le dio comparecencia simple, lo que le permite salir
del país sin ningún tipo de impedimentos.
Por eso el 16 de
octubre tomó sin problemas un vuelo de Iberia con destino a España, a pesar de
los graves imputaciones por las que viene siendo investigado en el caso Lava
Jato, como es el ser autor de presunto delito de lavado de activos y de
colusión.
El escándalo de los
sobornos a Toledo que puso al descubierto la justicia estadounidense, brasileña
y suiza, estalló el año pasado cuando, después de meses de investigaciones y
por presión de la opinión pública que criticaba la lentitud del fiscal Hamilton
Castro, se formuló denuncia contra directivos y ex directivos de empresas de
construcción que aparentemente se coaligaban para saquear el erario público.
Aparte de Obebrecht,
las empresas imputadas en la mega investigación procedente del exterior eran
Andrade y Gutierrez, OAS, Queiroz Galvao, Graña y Montero, Cosapi,
ICCGSA, Obrainsa, Málaga, JOHE, Grupo Plaza y otras, según un testigo
protegido.
Al avanzar las
investigaciones, el 1 de diciembre de 2017, el Equipo Especial del caso Lava
Jato del Ministerio Público requirió al Poder Judicial prisión preventiva “para
representantes de las empresas peruanas socias de Odebrecht, recientemente
incorporados a la investigación por el pago de coimas en el Proyecto Vial
Interoceánica Sur, tramos 2 y 3”.
Y de inmediato, el
juez Richard Concepción Carhuancho resolvió el domingo 3 de diciembre del mismo
año la solicitud de la Fiscalía para encarcelar durante 18 meses a los
empresarios José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Gonzalo Ferraro Rey
de la firma Graña y Montero. Asimismo, Fernando Camet Piccone, de JJ
Camet, y José Castillo Dibós, de ICCGSA, por el citado soborno de los US$
15 millones a Toledo.
Al margen de esos
pagos ilícitos, la acusación precisa el esquema de corrupción que utilizaba el
“Club de la Construcción” al concertarse con funcionarios venales del MTC que
se prestaban a digitar la adjudicación de obras de envergadura a cambio del
pago de un porcentaje del monto total del presupuesto. Esta red habría
comenzado a gestarse en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
Sin embargo, a
inicios de abril de 2018 Graña Miró Quesada fue liberado por un tribunal que
detectó que el juez había ordenado su detención por un delito distinto del
alegado por el fiscal: colusión simple. El ex directivo de Graña y Montero fue
excarcelado para continuar siendo investigado en libertad y no se le impuso la
medida de impedimento de salida del país. Todo se limitó a una comparecencia
simple.
El tribunal que
ordenó la libertad de Graña Miró Quesada fue presidido por Inés Villa Bonilla,
una jueza célebre por ser inflexible con los procesados, y los magistrados
Sonia Torres Muñoz y Rómulo Carcausto Calla. Este último juez ha intervenido en
cuestionadas decisiones como, por ejemplo, excluir a Graña y Montero de la
investigación del caso Interoceánica.
MÁS DEL CLUB
De otra parte, el
hilo conductor de la investigación del “Club de la Construcción” parte de un
aspirante a colaborador eficaz que acudió a la justicia para entregar
información sobre las coimas pagadas por la transnacional brasileña a
funcionarios del MTC, pero el tema era un secreto a voces. Pedro Pablo
Kuczynski, antes de ser ungido Presidente, dijo en una entrevista que había un
cártel de empresas que se repartían las obras públicas.
La Fiscalía logró
identificar y detener a los funcionarios que entre 2011-2014 en el MTC se
prestaron a concertar con las empresas del “Club de la Construcción” para
influir en decisiones que afectaban a millones de peruanos con obras públicas
en todo el país.
Esta investigación ha
determinado la existencia de delitos de organización criminal, tráfico de
influencias, cohecho y lavado de activos en agravio del Estado. No obstante,
todos los mencionados empresarios que fueron detenidos en la operación de
diciembre del año pasado fueron excarcelados y tampoco tienen medidas limitativas
en la investigación.
Otro aspecto que
llama la atención es que a pesar de que la red de corrupción operó en los más
altos niveles del sector Transportes y Comunicaciones del gobierno de Ollanta
Humala, hasta ahora ni siquiera se ha insinuado que quienes fueron titulares de
ese sector deberán asumir algún tipo de responsabilidad durante la
investigación.
YENI VILCATOMA: “Hamilton Castro es responsable por la
salida de Graña Miró Quesada”
La salida de José
Graña Miró Quesada del Perú sería por negligencia del fiscal Hamilton Castro,
ya que no solicitó ninguna medida de prevención contra el representante de
Graña y Montero cuando abandonaron la prisión. Así lo señaló la tercera
vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcatoma (FP).
Por otro lado, la
legisladora también señaló que para revertir esta situación es necesario que la
Fiscalía solicite una prisión preventiva contra Graña Miró Quesada, la cual
debería ser aceptada por el Poder Judicial, lo que permitiría que el Poder
Ejecutivo, a través de las entidades correspondientes, pudiera solicitar una
orden de captura internacional y posteriormente una extradición.
Vilcatoma manifestó
que esta negligencia de Hamilton Castro debe ser evaluada de forma interna en
el Ministerio Público, evitando así señalar si el Congreso tomará acciones
sobre el fiscal o algún representante del Ministerio Público.
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