El avance del crimen organizado en la región no sería
posible sin la complicidad de la clase dirigente. Financiamiento de campañas y
lavado de dinero. El problema de no combatir la corrupción
(Infobae) Pablo Escobar, el mayor narcotraficante de todos los
tiempos, fue elegido en 1982 miembro suplente de la Cámara
de Representantes de Colombia. Hasta ahí llegó su fugaz carrera
parlamentaria, porque al año siguiente se vio obligado a renunciar, luego de
que el periodismo revelara sus oscuros negocios.
La conexión entre el narcotráfico y la política ya
no es tan transparente como en ese caso extremo. Pero eso no significa que se
haya atenuado. Al contrario, que los vínculos sean menos evidentes le ha
permitido al crimen organizado infiltrar como nunca antes las estructuras del
Estado en casi toda América Latina.
"En la época de Escobar, los narcos intentaron
gobernar. No contentos con el nivel de corrupción y de garantías que tenían
de que no iban a ser perseguidos, quisieron ser ellos mismos los políticos. El
ascenso del capo al Congreso, y el intento de algunos miembros del
Cartel de Medellín de convertirse en alcaldes y gobernadores, generaron
mucha oposición por parte de la dirigencia tradicional y los terminaron
perjudicando. Ese error no lo cometieron los criminales en México, donde lo que
les interesa es que los funcionarios encargados de la seguridad y la justicia
estén subordinados a ellos a través de la corrupción", explica Hugo
Acero Velásquez, consultor en seguridad y ex secretario del área en la
alcaldía de Bogotá, Colombia, en diálogo con Infobae.
"En la época de Escobar, los narcos intentaron
gobernar"
"Sin los vínculos con la política no puede explicarse
la perdurabilidad de las organizaciones ni el nivel de expansión e
influencia que han alcanzado en algunos casos emblemáticos. El negocio del
tráfico de drogas ilícitas es una actividad que requiere algún margen de
interacción irregular con la estructura institucional", sostiene Carlos
Antonio Flores Pérez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especializado en narcotráfico y
crimen organizado, consultado por Infobae.
Para el politólogo argentino Eugenio Burzaco,
CEO de Seguridad Integral Templar S.A. y autor junto a Sergio Berensztein
de El poder narco, lo que buscan estas organizaciones es impunidad.
"Necesitan cobertura judicial, política y policial para funcionar.
Entonces van corrompiendo de a poco las estructuras estatales para poder
manejarse con libertad. Para ello cuentan con una enorme cantidad de recursos,
y sobre todo, dinero en efectivo. Con lo cual, la política se presta",
dice a Infobae.
Colombia y México, como se sabe, son por distintos
motivos los dos países más afectados por el comercio de drogas. Por eso no
sorprende que allí las complicidades sean más explícitas que en cualquier otro
lugar.
"Una forma de penetración más o menos reciente es la
utilización de la propia democracia en su provecho. Hay ejemplos en México en
los que los alcaldes, más que seguir los lineamientos
partidarios, respondían a las mafias. Uno terminó preso por eso y
estuvo encerrado en la cárcel del Altiplano, la misma de la que se fugó
el Chapo Guzmán", explica Fernando Carrión, investigador
de estudios urbanos y seguridad ciudadana de FLACSO, Ecuador, en diálogo con
este medio.
El ejemplo citado por el investigador ecuatoriano es el
de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, estado de Guerrero.
Fue arrestado por su responsabilidad en la desaparición de 43 estudiantes en
septiembre de 2014. Las evidencias muestran que actuó en cooperación
con el cartel Guerreros Unidos, para evitar un escrache contra su esposa,
María de los Ángeles Pineda.
"En Colombia entre un 16 y un 17% de los alcaldes son
manejados por carteles"
No es el único caso. Hace días se conoció un video que
muestra a Juan Mendoza Acosta, alcalde electo de San Miguel
Totolapan, manteniendo una reunión secreta con un grupo narco.
"Así como te hicimos ganar, échanos la mano.
¿Vas a jalar con nosotros? Tú sabes que estás con nosotros, viejo,
¿sí o no?", dice el jefe criminal en la secuencia. "¿Cuándo te voy
a fallar? Jamás voy a jalar con otros cochos", responde el edil.
"En Colombia -dice Carrión- una ONG logró establecer
que entre un 16 y un 17% de los alcaldes eran manejados directamente
por carteles o grupos irregulares. Estamos hablando de casi 200 municipios,
generalmente localizados en lugares de producción de cocaína o en las rutas de
exportación. Si lo que hacían antes era boicotear las elecciones, hoy lo que
buscan es vincularse a los políticos, porque les es muchos más
redituable".
En Argentina la penetración no es todavía tan importante
como en estos países. Pero es sin dudas un problema en ascenso.
"A medida que el narcotráfico va dominando
territorios, se hace más fuerte la penetración en la política. Ya
hay intendentes y concejales involucrados", dice Burzaco.
DIFERENTES GRADOS DE COMPLICIDAD
"Lo más usual es la corrupción manifiesta en
los organismos de seguridad y justicia, que brindan protección operativa e
impunidad judicial a los actores clave del negocio ilícito. Está también en
algunos casos el contubernio con autoridades políticas, que desvían desde la
cúpula el funcionamiento normal de las instituciones para garantizar la
operación de las organizaciones delictivas", dice Flores.
La forma más elemental de complicidad es el funcionario que
está en un puesto de control y decide mirar para otro lado a cambio de dinero.
Una instancia superior sería que un agente de alguna fuerza alerte a la
organización criminal de la realización inminente de un operativo en
su contra. Y así se puede seguir.
"Hay muchas formas de colaborar. Por ejemplo, un
ministro de seguridad puede pasarle información a narcotraficantes sobre
sus políticas, y anticiparle cuáles son las áreas donde va a haber control del
Estado, y en cuáles no. Un diputado puede avanzar con leyes que
favorezcan sus actividades. Un director de policía, montar un operativo en
contra de los competidores de un grupo determinado, y un funcionarios de
gobierno, proveer permisos para establecer negocios que lavan
el dinero", explica José Miguel Cruz, especialista en
violencia criminal y política comparada de la Universidad de Florida,
consultado por Infobae.
Algunos académicos sostienen que una manera de comprobar
cuán fuerte es el narcotráfico en una sociedad es ver hasta qué nivel de la
jerarquía estatal logró corromper.
"Hoy están procesados altos funcionarios por el
comercio de efedrina"
"Cuando sólo llegan a funcionarios de la Aduana -dice
Burzaco-, o algún policía en el camino, es porque estamos en un fenómeno
de tránsito. Ahora, cuando adquieren territorialidad, se meten en
estructuras más fuertes. Ahí aparecen comisarios, jefes de Policía,
como pasó en las provincias de Santa Fe y Córdoba (Argentina), jueces y
fiscales, y funcionarios con mayores niveles de responsabilidad".
"Hay muchos indicadores peligrosos. Desde autoridades
policiales presas, hasta intendentes detenidos por vínculos en
operativos como Carbón Blanco. Hoy están procesados altos
funcionarios de la Sedronar por el comercio de efedrina. Además hubo
personajes relevantes del narcotráfico regional en Argentina, como el Chapo
Guzmán, que según informes de inteligencia estuvo dos veces en el
país en la última década. Son todos indicios de cuánto ha avanzado este
fenómeno", agrega.
El caso del titular de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar),
José Granero, es particularmente grave. El ex gobernador de la provincia de
Santa Cruz fue procesado por fallas alevosas en los controles al
ingreso de efedrina, que terminó siendo utilizada como precursor químico
para la fabricación de diferentes drogas.
EL FINANCIAMIENTO NARCO DE LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS
"Los narcos tienen siempre cierta incertidumbre ante
los procesos electorales, respecto de quién va a gobernar. Si triunfara alguien
dispuesto a asumir la lucha contra el tráfico ilegal no les
convendría. Entonces, no solamente mantienen a los funcionarios leales, sino
que también financian campañas. Lo hacen en muchas ciudades e incluso con
gobiernos nacionales", dice Acero Velásquez.
El caso de la efedrina se volvió particularmente escabroso
en Argentina luego de que se comprobara que droguerías que pertenecían
a traficantes habían hecho cuantiosos aportes a la campaña
presidencial de Cristina Kirchner en 2007.
"La política se maneja con mucho dinero en
efectivo, negro. En la medida en que no está ni bancarizado ni controlado,
su origen es difícil de saber. Y lo que tienen los narcos es mucho
efectivo. Eso les da una alta capacidad de incidir en un proceso electoral.
El control al financiamiento tiene que ser más claro y consistente para evitar
que esto se generalice", explica Burzaco.
En el mismo sentido se expresa Flores. "Ésta es una
constante allí donde hay sistemas electorales que no cuentan con suficiente
supervisión y penalización sobre este tipo de prácticas".
Carrión afirma que "es algo que se da de forma
casi generalizada en la región". "En algunos países, la situación
es absolutamente explícita en gobiernos locales e intermedios".
"Sin el lavado no existiría la cadena del
narcotráfico"
Por eso es tan importante controlar toda la cadena de la
droga. Desde la producción, hasta el blanqueo de las ganancias. Si
no se sigue la pista del dinero, es muy difícil llegar al corazón del crimen
organizado y sus vínculos con la clase dirigente.
"Una de las partes fundamentales del negocio es
blanquear el dinero negro y trasladarlo a la economía formal. Cuanto peores
sean los controles, más fácil se vuelve esta tarea. El cálculo que se hace es
que pierden un tercio de sus ganancias en este proceso",
explica el politólogo argentino.
Una de las medidas financieras más cuestionadas de la
administración Kirchner fue abrir un proceso de blanqueo de
capitales que ya lleva dos años ininterrumpidos. Si bien el Gobierno
argumenta que lo hace para recaudar, y que se realizan los controles
necesarios, no da la mejor señal para los criminales sostener durante tanto
tiempo un mecanismo de estas características. Siempre está el riesgo de que el
origen de ese dinero que ingresa al circuito formal sea ilícito.
"Sin el lavado no existiría la cadena del
narcotráfico -dice Carrión. Habría que acabar con los paraísos
fiscales, pero enfrentar esos intereses económicos y políticos es muy complicado,
y requiere de una política global".
"Si un gobierno realmente quiere combatir el crimen
organizado, una de sus prioridades tiene que ser atacar el lavado de
activos. Eso no solamente involucra a los narcos de manera directa, sino
también a sus socios, porque es allí donde pueden aparecer propiedades
adquiridas ilegalmente incluso por algunos funcionarios", asegura Acero
Velásquez.
Sin combatir la corrupción, no se puede parar el
narcotráfico
"Un elemento crucial en cualquier política de combate a
narcotráfico es la lucha contra la corrupción. No se puede pensar que vamos a
vencerlo simplemente erradicando a los productores de cocaína o
de pasta base, sin cortar los nexos con la clase política. Es la que provee la
cobertura institucional para que siga funcionando y, muchas veces, hasta las
herramientas estratégicas para su expansión", afirma Cruz.
Considerando la estrecha relación entre políticos y narcos,
y la enorme incidencia de este vínculo para la proliferación del negocio, una
conclusión se impone: mientras haya mucha corrupción estatal, va a seguir
habiendo tráfico. Sin combatir una, no se puede frenar el otro.
"Es imposible. Resulta fundamental establecer
controles patrimoniales sobre los funcionarios públicos y
representantes populares. Adoptar esquemas bien articulados de extinción de
dominio que permitan el aseguramiento de fortunas mal habidas. Eso da mucho
mejor resultado que la mera militarización de la lucha antinarcóticos",
sostiene Flores.
Es inseparable el avance del crimen organizado en América
Latina del fortalecimiento de gobiernos que acumularon muchísimo poder, minaron
las bases de la independencia judicial y desarticularon todos los organismos de
control. Así, se garantizaron total impunidad para hacer lo que quisieran.
"Es fundamental
establecer controles patrimoniales sobre los funcionarios"
"El narcotráfico avanzó en Argentina en los últimos
15 años porque hemos tenido una fuerte debilidad institucional. Empieza por
la frontera, que es un colador, sigue por las fuerzas de seguridad que no dan
abasto, y termina con un sistema de control de capitales poco viable. El
país estaba en la lista gris/negra del GAFI (Grupo de Acción Financiera
Internacional) hasta hace meses, por no tener implementado un esquema
real de control. Hubo algunas mejoras, pero aún estamos lejos de tener un
sistema robusto para evitar estas prácticas", agrega.
Mayor institucionalidad y control al poder
político. Es una transformación que se impone en toda América Latina
para enfrentar el desafío de este siglo.
"Hay que Fortalecer los mecanismos de contralor para mejorar la supervisión. Es fundamental que los
candidatos y los funcionarios sean transparentes con respecto a sus negocios
privados e ingresos. Para eso hay que tener instituciones autónomas e independientes, con
la capacidad para Investigar dentro de la estructura estataly con el
poder para sancionar a los que violan las reglas", concluye Cruz.
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