No puede ser más
repudiable-ni manifiesta-la complicidad de la indigna Junta Nacional de
Justicia (JNJ) ante evidentes, vergonzosos, constitucionalmente delictivos
hechos que suceden al interior del Ministerio Publico, sin que el Legislativo
intervenga para poner coto a semejante atentado contra la Justicia y el Estado
de derecho. Hablamos de vacar a todos los integrantes de la JNJ, cómplices de
un atentado contra la sociedad peruana. Sin embargo, el Congreso-único llamado
a poner orden, considerando la magnitud del problema-permanece flotando
muertito, permitiendo que la amenaza alcance cotas inmanejables de conmoción
social.
El hecho de que
existan dos mequetrefes disfrazados de fiscales que se llevan de las narices al
Fiscal de la Nación, a los magistrados del Poder Judicial-incluso al propio
parlamento peruano-son indicios de una franca demolición de nuestro aparato
estatal cuyos estertores ya son comentados en todos los círculos económicos,
sociales y políticos no solo del país sino del exterior. Prueba de ellos es la
parálisis de inversiones de lo que esta nación viene siendo víctima, por la
justificada desconfianza del otrora entusiasta sector de los inmensos capitales
internacionales disponibles para ser invertidos en países como el nuestro; tal
cual ocurrió hace tres décadas con el resultado de un verdadero boom de
negocios que dinamizó nuestra economía. Al extremo que el Perú redujo en casi
62% su entonces colosal indicativo de miseria, por entonces semejante-o
probablemente incluso menor al actual.
Nos referimos a
los inefables Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez y al ex jefecito de
ambos, Pablo Sánchez.
Un trio de jeques
presumidos, mandando en un país de cacasenos que se dejan mandonear por pigmeos
morales como estos sin ponerle coto como corresponde. Vayamos por partes.
El Perú no debe
tolerar, un minuto más, que el “acuerdo secreto” suscrito por
ambos fiscales con Odebrecht permanezca escondido por ambos sujetos. Documento
que suscribieron con la corrupta Odebrecht, gracias a la cual no solo libraron
a Odebrecht, a sus accionistas y a sus funcionarios de ser procesados y
condenados; sino que, además, consiguieron que esa empresa y sus
ejecutivos/dueños, no paguen un centavo de indemnización al Perú pese a haberle
el robado miles de millones de dólares, en sociedad con traidores como José
Graña Miro Quezada. Y, además, los fiscales le reabrieron las puertas de
Odebrecht para volver a estafar al Perú, dizque participando en “nuevos
proyectos”. Según Gorriti, titiritero de Pérez/Vela. “Odebrecht es ahora
otra empresa, ajena a toda corrupción y componenda”. ¡Si, Claro!
Señores
legisladores. Si el Congreso no se faja ahora los pantalones licenciando,
inmediatamente, a los miembros de la JNJ culpables de mantener a Pérez, Vela,
Gorriti y demás integrantes de aquella organización criminal que,
implícitamente, maneja el Ministerio Publico, ustedes serán recordados, como
otros traidores a la patria. ¡Es momento de voltear la página y reponer el
orden constitucional en el país!
Si alguno de
ustedes pretende ser candidato a lo que fuere en cualquier futura elección, el fantasma
de su cobardía y su traición se encargara de castigar su
incomprensible inconducta actual.
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