La inacción del Estado ante la creciente inseguridad ha derivado en una “espiral” de descontrol, donde el crimen organizado y las economías ilícitas ya forman parte del panorama urbano en ciudades claves del Perú, señalo el politólogo Juan de la Puente.
En el programa “al
Filo” con Javier Torres, de la Puente reflexiono sobre el cambio en la
agenda política nacional, que ahora pone la seguridad ciudadana como el
problema central, desplazando temas de democracia y derechos civiles.
“Hasta antes,
daba la impresión de que el problema fundamental en el Perú era la dictadura o
la democracia,” señalo de la Puente.
Ahora, sin
embargo, la “seguridad ciudadana aparece como el punto número uno”.
Para de la
Puente, la entrada d ellos transportistas como actores principales en esta
situación marca una transformación en el tipo de demanda social que enfrenta el
Estado.
“Quien ha
colocado al gobierno y al estado no es un movimiento social tradicional, es un
movimiento bastante amorfo, que es de los transportistas, bodegueros y otros, “explicó.
Según el
politólogo, esta situación refleja como el Perú “vive en el corte plazo”,
sin una perspectiva de mediano o largo plazo, y ha entrado en una “espiral
que yo creo que es muy difícil desarmar y revertir”.
Durante la
entrevista, de la Puente profundizo en su visión de la crisis como una
espiral que ha liberado fuerzas que no pueden ser detenidas, un fenómeno
que va más allá de la “inestabilidad gobernable” o “ingobernabilidad
estable” que describía en el pasado. “Ese ya no existe,” afirmó.
Ahora, “el
crimen organizado y la extorsión han venido para quedarse,” y el Estado
peruano no parece tener los recursos ni la capacidad para enfrentar esta
situación.
De la Puente
expreso su preocupación sobre la fragmentación de la Policía Nacional en
este contexto. Si bien sus miembros están “uniformados”, afirmó que “no
tienen un comportamiento único, una cabeza única, una coherencia en el
funcionamiento”. Esta falta de cohesión, añadió, es otro reflejo de la
debilidad de la debilidad del Estado para cumplir su papel de asegurar los
derechos fundamentales de los ciudadanos.
El politólogo
trazo un paralelismo con el Perú de 1988 y 1989 en los que el
país enfrento una situación de descontrol con el auge del narcotráfico y el
terrorismo. “Las fuerzas se habían desatado”, dijo aludiendo a como hoy
el crimen organizado y las economías ilegales avanzan sin control. Explicó que
en los transportistas y en otros gremios hay sectores que ahora pugnan por
seguridad, pero que no necesariamente defienden el Estado de derecho en su
conjunto, lo cual complica aún más el escenario.
De la Puente
cuestiono la capacidad del actual gobierno para enfrentar este desafío de
seguridad, especialmente en el contexto de la costa peruana.
“Este régimen que está en implosión no es capaz de encarar esta ofensiva del crimen organizado,” sentenció, advirtiendo que, si el Estado no garantiza la seguridad mínima, “probablemente está bastante comprometido en su eficiencia mínima,” lo que representa un serio problema para el futuro del país.
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