Sellado, oleado y sacramentado. Después de una batalla legal en los tribunales que duro siete años, buscando el reconocimiento para obtener mejores sueldos y beneficios sociales, todo concluyo para un grupo de magistrados lambayecanos y no les dieron la razón en el caso.
Ello se desprende
del fallo emitido por el Tribunal Constitucional (TC), que declaro fundada La
demanda de amparo interpuesta por la Procuraduría Pública del Poder Judicial
contra una demanda interpuesta por jueces de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque (CSJL).
El motivo: Haberse acreditado la vulneración a la
debida motivación de la resolución jurisdiccional, declarando nula la
Resolución 34 de fecha 4 de octubre de 2017 que fuera emitida por magistrados
de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque,
favoreciendo a un grupo de sus colegas.
Asimismo, el
máximo órgano constitucional, repuso las cosas a su estado anterior al momento
de la afectación y termino ordenando a la sala emitir una nueva resolución
conforme a los fundamentos de la sentencia pronunciada por el Tribunal
Constitucional.
Todo esto tiene
su inicio en la oposición interpuesta por el Procurador Publico adjunto al
Poder Judicial, que interpuso una demanda de amparo contra los magistrados
Lucia Esther Deza Sánchez, Marco Antonio Pérez Ramírez, Juan Rodolfo Zamora
Pedemonte (cesado), así como Pablo Diaz Piscoya, Juan Ismael Rodríguez Rioja,
Jimmy García Ruiz (cesado), Edilberto Rodríguez Tanta (actual presidente de la
Corte Superior de Justicia de Lambayeque) y María Cecilia Primo Vásquez.
Los magistrados
de la CSJL demandan el cumplimiento de los beneficios contenidos en los
literarios b y c del artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Cabe señalar que el 12 de diciembre de 2013 se publicó
la ley 30125, norma que modifica el numeral 5 del artículo 186
aprobado mediante Decreto Supremo N°017-93-JUS, establecidos para
el cálculo de los haberes mensuales de los jueces indicando que el juez
superior perciba 80% de la remuneración de un juez supremo, el juez
especializado o mixto 62% y el juez de paz letrado 40%.
Estos porcentajes
difieren considerablemente de los establecido en el numeral b del inciso 5
del artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece un
porcentaje de 90 a 80 y 70% de lo que constituye el haber
total de un juez supremo.
La
Procuraduría Publica del Poder Judicial indica que la resolución cuestionada ha vulnerado
el derecho del debido proceso y que no tiene en cuenta las sentencias
vinculantes emitidas por el Tribunal Constitucional añadiendo que la sentencia
tiene una motivación aparente, a fin de justificar en el sentido de la decisión
adoptada, pero no ingresa al tema medular respecto a que la norma materia de
cumplimiento no tenía vigencia.
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