* El Congreso debate la restitución del financiamiento privado para los partidos políticos, una medida que busca frenar la influencia de economías ilegales como la minería informal.
* “La minería
ilegal ha movido más de US$10,422 millones en los últimos años, superando al
narcotráfico y a la corrupción.
* Sin accesos a
fondos legítimos. Los partidos políticos se han convertido en un blanco fácil
de estas economías ilícitas”
La reciente
aprobacion del dictamen que permite el financiamiento privado a los partidos
políticos por parte de empresas nacionales ha puesto en el centro del debate un
tema clave para la democracia peruana: la lucha contra el financiamiento
ilegal. En un contexto donde actividades ilícitas como la minería ilegal
dominan el panorama, esta reforma busca ofrecer una vía legitima de
sostenimiento económico a los partidos.
El problema es
evidente. Tras la prohibición del financiamiento privado a raíz del caso Lava
Jato, los partidos quedaron desprotegidos, viéndose obligados a buscar
recursos en actividades cuestionables. Según la Unidad de Inteligencia
Financiera, la minería ilegal movió más de US$10,422 millones entre el 2012
y 2024, superando a otras actividades ilícitas. Este dinero ha
infiltrado la política, debilitando las instituciones y exacerbando la
corrupción.
El dictamen
aprobado por la Comisión de Constitución plantea límites claros, como un
tope de 200 UIT por aportantes y mecanismos de supervisión a cargo de la
ONPE. Sin embargo, aspectos como la figura de los “aportantes
confidenciales” y la sustitución de sanciones penales por administrativas
en casos de irregularidades han generado preocupación entre expertos.
El abogado Alejandro
Rospigliosi advirtió que “permitir que aportes no declarados solo tengan
sanciones administrativas es peligroso y fomenta la impunidad”. Además, la
propuesta no establece sanciones para casos en que los partidos reciban más
dinero del permitido o no lo declaren, lo que podría convertirse en un
incentivo para la opacidad.
Mientras tanto el
legislador Alejandro Muñante defendió la medida argumentando que “la
ausencia de financiamiento privado ha sido aprovechada por economías ilegales
como la minería y la tala ilegal”. Aunque la restitución del financiamiento
privado es un paso en la dirección correcta, los vacíos en su regulación
podrían convertirla en un arma de doble filo.
El impacto de la
minería ilegal trasciende lo económico. El sistema Reinfo, diseñado para
formalizar a los mineros informales, ha sido señalado como una fachada que
permite la operación de actividades ilícitas. Estos recursos ilícitos no solo
destruyen ecosistemas, sino que también se infiltran en campañas políticas,
comprando voluntades y debilitando la democracia.
El financiamiento
privado, bien regulado y fiscalizado, podría ser un antídoto contra este mal.
Sin embargo, para que esto sea una realidad, el Congreso debe garantizar que
las disposiciones se ajusten en el pleno, eliminando ambigüedades que
favorezcan la corrupción.
El retorno del
financiamiento privado debe ir acompañado de transparencia, rendición de
cuentas y Sanciones estrictas contra las infracciones. Sin estos ajustes, la
reforma corre el riesgo de convertirse en un nuevo canal para el dinero
ilícito.
Perú necesita
partidos políticos sólidos y éticos, capaces de enfrentar las demandas
ciudadanas sin ceder a las presiones de las economías ilegales. Este debate no
solo definirá el futuro del financiamiento político, sino también el de nuestra
democracia.
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