Desde el despacho de la legisladora, María Acuña Peralta,
remitieron la siguiente nota de prensa.
Ante la incontrolable ola de violencia y el avance del
crimen organizado en el país, la congresista María Acuña Peralta, de Alianza
para el Progreso (APP), ha solicitado al presidente del Congreso que se
priorice en la agenda legislativa el proyecto de ley N° 9761/2024-CR, el cual
plantea la salida del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
permitiendo así la aplicación de la pena de muerte a criminales responsables de
sicariato, secuestro, violación de menores y otros delitos atroces que hoy
mantienen en zozobra a la población.
"El Perú no puede seguir atado a compromisos
internacionales que nos impiden tomar decisiones soberanas en materia de
justicia. La delincuencia está desbordada y los criminales deben recibir el
castigo que realmente merecen. La pena de muerte es una medida necesaria para
poner fin a la impunidad con la que operan sicarios y terroristas
urbanos",* enfatizó la congresista.
Además, reiteró su llamado para que se priorice la discusión
y aprobación del proyecto de ley N° 07179/2024-CR, de su autoría, el cual
propone tipificar el "Terrorismo Urbano" y establecer cadena perpetua
para cabecillas de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión,
sicariato, secuestro y otros delitos violentos que han convertido al país en un
campo de guerra.
Sin embargo, a pesar de la urgencia de esta medida, este
proyecto aún no ha sido aprobado por el pleno del Congreso, a pesar del clamor
ciudadano por sanciones más drásticas contra la criminalidad.
"Estamos enfrentando bandas criminales que han
convertido nuestras ciudades en zonas de guerra. Sus métodos son propios del
terrorismo y deben ser castigados como tal.
Extorsionadores, sicarios y secuestradores no pueden seguir
operando con penas blandas. Necesitamos mano dura y sanciones ejemplares para
erradicarlos del país", sostuvo la congresista Acuña.
Asimismo, exigió la pronta aprobación del proyecto de ley N°
02719/2022-CR, que establece el Régimen de Cárceles Productivas, una reforma
integral que busca transformar el sistema penitenciario del país, permitiendo
que los internos condenados sean incorporados de manera obligatoria a un
sistema de trabajo organizado y estructurado dentro y fuera de los penales, a
través de comunidades agrícolas, talleres industriales y programas de
producción de bienes y servicios.
Esta iniciativa tiene como finalidad reducir los niveles de
reincidencia delictiva y convertir el sistema carcelario en un espacio de
verdadera rehabilitación y reinserción social, promoviendo que los reclusos
participen activamente en la producción agrícola, la manufactura y otras
actividades que les permitan desarrollar habilidades laborales útiles para su
futuro.
"Las cárceles no pueden seguir siendo depósitos de
delincuentes donde se fortalecen las redes criminales. Con este proyecto,
buscamos que los reclusos trabajen, aprendan y generen valor, en lugar de estar
ociosos o utilizando los penales como centros de operaciones para seguir
delinquiendo. Transformar el sistema penitenciario es clave para garantizar
seguridad y justicia para todos los peruanos", sostuvo la congresista
Acuña.
La implementación de este régimen permitirá además que el
Estado optimice el uso de los recursos penitenciarios y convierta los penales
en espacios autosostenibles, donde los reclusos contribuyan con el desarrollo
productivo del país en lugar de representar una carga económica para el Estado.
Finalmente, la congresista María Acuña exhortó al Congreso a
actuar con determinación y celeridad para aprobar estas iniciativas
legislativas que buscan recuperar la seguridad, fortalecer la justicia y
devolverle la tranquilidad a los peruanos.
"No podemos seguir permitiendo que la delincuencia
gobierne las calles mientras el Estado permanece inmóvil.
Es momento de tomar decisiones drásticas y valientes. La población exige seguridad y respuestas concretas. No podemos fallarle al pueblo peruano", concluyó.
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