Actividad ilícita en el país podría costear a
organizaciones de corte radical en próximos comicios, sostiene especialista.
En el último período legislativo no se llegó a un
consenso en el congreso para aprobar la Ley de la Pequeña Minería y de la
Minería Artesanal, o ley MAPE, que tiene como objetivo la formalización
de la minería artesanal-o ancestral-y la pequeña minería, frente a la creciente
actividad minera ilegal que se propaga en el país.
En ese sentido, se ha advertido que este tipo de
actividades ilegales se estarían preparando para financiar directa o
indirectamente algunas campañas presidenciales en las próximas elecciones, con
el objetivo de lograr presencia política y “poder” en el aparato
estatal.
Así también lo apunto el especialista en seguridad, Pedro
Yaranga, quien alerto que la economía ilegal podría escabullirse en algunas
propuestas electorales de tendencia radical. Por tal motivo, fue enfático al
instar al Parlamento a priorizar, en la próxima legislatura, propuestas como la
Ley MAPE.
“Ellos les encanta el desorden. Cuanto más desorden,
ellos (economía ilegal) se benefician y empiezan a copar diferentes estratos de
la sociedad. Tener una representación (política) para ellos, es abrir caminos,
tener alcaldes, tener gobernadores, infiltrarse en la Policía. Eso es lo que
quieren; infiltrarse en la Fiscaliza y el Poder Judicial para ver casos; y,
obviamente; sí tienen representantes en el Congreso de la República, eso les
facilita muchísimo” sostuvo Yaranga.
SEGUIMIENTO
En esa línea, Pedro Yaranga también apunto que, frente a
la expansión que ya puede observarse de la actividad ilegal, el Estado deben
emprender un seguimiento más minucioso respecto al financiamiento que existe en
los partidos políticos, así como atender las deficiencias y necesidades de la
Policía Nacional, y deponer las diferencias actualmente existentes entre el
gobierno y los órganos del sistema de justicia, cómo el Ministerio Publico y el
Poder Judicial.
“En el camino, lo que el Ejecutivo debe hacer es
preocuparse de resolver el problema de la Policía, el Ministerio Público y el
Poder Judicial. Esos tres sistemas deben articularse”, señaló.
El experto también propuso que, en el Marco de las
elecciones, se instale una fiscalía especializada por cada región del país, en
temas electorales.
“Entonces, los casos en que la Policía o si el ente rector de las elecciones descubra (financiamiento de la economía ilegal), esa fiscalía inmediatamente debe actuar, porque actualmente, a veces se denuncian casos, se ponen multas, pero nadie cumple eso”, sentenció.
Pedro Yaranga - Analista Político
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